AUTO CONSTITUCIONAL 0040/2015-CA

En ese orden de cosas, resulta necesario puntualizar que la naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad concreta, es someter a control de constitucionalidad una disposición legal sobre cuya constitucionalidad surja una duda razonable y fundada sobre la resolución de un proceso judicial o administrativo, dicho entendimiento fue asumido en el               AC 0312/2012-CA de 9 de abril, citando al AC 0026/2010-CA de 25 de marzo, complementado con la SC 0045/2004 de 4 de mayo, determinó que: “'…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas (…) también es imprescindible que se exprese y justifique en qué medida la decisión que debe adoptar el Juez o Tribunal depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal impugnada'; en consecuencia, la inobservancia de estos requisitos hace inviable el ejercicio de un verdadero control de constitucionalidad y determina el rechazo del recurso” (las negrillas nos corresponden).

Por lo expuesto, se establece que la presente acción promovida de oficio por la Sala Penal Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, no cumplió con el requisito esencial expuesto en el Fundamento Jurídico II.3 del presente Auto Constitucional, lo que imposibilita a la justicia constitucional hacer un análisis y pronunciamiento de fondo; puesto que, el Tribunal consultante se limitó a efectuar una simple mención sobre una supuesta vulneración de los preceptos constitucionales invocados, sin realizar una fundamentación jurídico-constitucional, que exponga de manera concreta la transgresión del principio constitucional invocado, ni demostrar una duda razonable, tampoco la vinculación entre el tipo penal observado como inconstitucional con la decisión a ser asumida en el recurso de casación a ser resuelto.