SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0025/2015-S1
Fecha: 02-Feb-2015
concedió
La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución de 21 de febrero de 2014, cursante de fs. 140 a 147 vta., concedió la tutela, disponiendo el desalojo de los demandados de los lotes de terreno signados como 35 y 36, en el plazo de veinticuatro horas de su legal notificación, bajo apercibimiento de lanzamiento con el auxilio de la fuerza pública, más el pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución del fallo, en mérito a los siguientes fundamentos: a) Mencionando jurisprudencia constitucional y su aplicación relacionada con la protección del derecho a la propiedad ante la existencia de medidas de hecho y los presupuestos que la activan en caso de avasallamiento; y, con la subsidiariedad excepcional cuando existe perjuicio irremediable e irreparable; alegando que la identificación de los avasalladores sea realizada de acuerdo a las posibilidades del accionante; y señalando que en el presente caso, de los antecedentes y la prueba documental adjuntas, se evidenció, el derecho propietario de la Cooperativa de Enseñanza y Servicios de Cochabamba LTDA. respecto a los mencionados lotes y su inscripción en el Registro de DD.RR.; y, b) La protección y el ejercicio del derecho de propiedad garantizados por el Estado Constitucional de Derecho, fueron desconocidos por René Iver Quenta Peláez, quien junto a un grupo de personas que rehusaron identificarse, ocuparon estos terrenos con fuerza e intimidación, sin presentar documentación alguna que acredite su derecho propietario sobre los mismos.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- la acción de amparo constitucional adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección, por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios.
- la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia;
- se concluye inequívocamente que las vías de hecho, constituyen una excepción a la aplicación del principio de subsidiariedad, por tanto, el control tutelar de constitucionalidad puede ser activado frente a estas circunstancias sin necesidad de agotar previamente otros mecanismos ordinarios de defensa, aspecto reconocido de manera uniforme por la jurisprudencia emanada en ejercicio del control de constitucionalidad y que debe ser ratificado por este Tribunal Constitucional Plurinacional
- b)
- sin embargo, tratándose de peticiones de tutela vinculadas con medidas o vías de hecho, la parte accionante deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible, por las circunstancias particulares del caso, la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva.
- Para los supuestos de avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos cuando se denuncie afectación al derecho a la propiedad, es decir, que constituya una limitación arbitraria a la propiedad, la parte accionante, al margen de la carga probatoria desarrollada en el inciso c) referido a la regla general, tiene la carga probatoria específica de acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros, es decir, no puede exigirse al peticionante de tutela ninguna otra carga procesal adicional.
- Para el supuesto de que no exista prueba que demuestre la autoría de los hechos por los demandados, ni éstos acepten que han sido ellos los vulneradores de derechos pero exista certeza e incluso falta de controversia sobre la existencia de vías de hecho corresponde otorgar la tutela; ello, en razón a que la justicia constitucional no tiene como propósito identificar a los responsables de la comisión de vías de hecho sino el restablecimiento del goce de los derechos fundamentales
- el derecho a la propiedad es un derecho fundamental expresamente reconocido por el bloque de constitucionalidad
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR