Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0089/2015-S2
Fecha: 05-Feb-2015
el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal es competente para conocer las solicitudes relacionadas con el régimen de medidas cautelares, aun después de haber dictado sentencia e inclusive cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante el Tribunal Departamental de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación respectivamente.
Por otra parte, la autoridad codemandada, en su condición de Juez Técnico, en el informe oral presentado en audiencia, alegó que no se pudo llevar adelante las audiencias, debido a que el cuaderno procesal fue remitido en grado de apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia, considerando por ello, que no tiene competencia para llevar adelante la solicitud impetrada por la parte ahora accionante. Al respecto, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo, el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal es competente para conocer las solicitudes relacionadas con el régimen de medidas cautelares, aun después de haber dictado sentencia e inclusive cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante el Tribunal Departamental de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación respectivamente.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”
- y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones
- La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva
- hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad'
- la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca reparar las dilaciones indebidas vinculadas con la libertad, que evitan resolver de manera inmediata la situación jurídica de las personas que se encuentran privadas de libertad.
- no es compatible con los principios rectores de la administración de justicia la tramitación de la causas sin la observancia del principio de celeridad por parte de los operadores de justicia, concluyendo que constituye dilación indebida el retardo injustificado en la remisión de los actuados pertinentes, a efectos de que el privado de libertad pueda utilizar los recursos necesarios para el restablecimiento de su libertad”
- III.3.1. El principio de celeridad en el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva y el carácter vinculante de las Sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional
- las autoridades que conozcan las solicitudes de cesación de la detención preventiva tienen la obligación de tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, más su aplicabilidad en la praxis no ha sido objeto de cumplimiento de parte de los juzgadores, lo cual amerita que la frase 'plazo razonable', tratándose de señalamiento de día y hora de audiencia para considerar este beneficio, debe ser conceptuada como un término brevísimo, de tres días hábiles como máximo, pues el imputado se encuentra privado de su libertad
- Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno
- III.4. De la competencia del Juez o Tribunal de Sentencia Penal para conocer las peticiones sobre medidas cautelares
- los tribunales de sentencia pueden conocer las solicitudes de detención preventiva así como otros incidentes sobre medidas cautelares aún después de haber dictado sentencia e incluso cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante la Corte Superior del Distrito o la Corte Suprema de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación, respectivamente
- III.5. Análisis del caso concreto
- no habiéndose señalado dicha solicitud, tampoco se le ha negado. En su calidad de presidente ha decretado que se debe acudir a la autoridad competente
- el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal es competente para conocer las solicitudes relacionadas con el régimen de medidas cautelares, aun después de haber dictado sentencia e inclusive cuando los antecedentes hayan sido remitidos ante el Tribunal Departamental de Justicia o el Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la interposición de los recursos de apelación o casación respectivamente.
- correspondía a los miembros del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal del departamento de Santa Cruz, considerar dicho pedido, al tener competencia para hacerlo y fijar audiencia dentro del plazo máximo de tres días
- la conducta asumida por las autoridades demandadas, se configura dentro los alcances de la acción de libertad traslativo o de pronto despacho, que se constituye en un mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración al principio de celeridad, cuando esté relacionada a la libertad y existan dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad
- CONFIRMAR en todo