SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0194/2015-S2
Fecha: 25-Feb-2015
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 1 de mayo de 2013, a horas 07:15, en su condición de alumna del tercer año de formación profesional en la ANAPOL, mientras se encontraba realizando la instrucción cotidiana, sintió dolor abdominal y sangrado vaginal, motivo por el cual solicitó ser trasladada a Sanidad, donde se dispuso su traslado al Hospital Policial “Virgen de Copacabana” y de acuerdo al informe del médico de dicho nosocomio, se le diagnosticó aborto incompleto, habiéndose realizado seguidamente un legrado uterino instrumental. Asimismo, como resultado del examen de laboratorio se evidencio que su persona se encontraba en estado de embarazo, aspecto que en honor a la verdad desconocía; emitiéndose el certificado en el cual, se describe un cuadro clínico cuyo diagnóstico fue “sangrado transvaginal en estudio y aborto incompleto” (sic).
Por este hecho, la Comisión de Régimen Disciplinario de la ANAPOL, emitió en su contra, Auto Inicial de proceso sumario interno CDR/0040/13 de 27 de mayo de 2013, por haber infringido presuntamente el art. 39.B.3.10 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL, que establece: “Quedar en estado de gravidez y/o comprobarse médicamente la práctica de interrupción del embarazo”, que posteriormente, se dictó la Resolución Administrativa (RA) 026/2013 de 28 de junio, sancionándola con baja definitiva de la Unidad Académica por encontrarla responsable de la transgresión del art. 39 (faltas graves) del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL; por lo que, mediante memorial interpuso el Recurso jerárquico contra la Resolución mencionada, por ser contraria a derecho y garantías pertinentes respecto a su persona e intereses, emitido por el Director Nacional de Instrucción y Enseñanza de la UNIPOL a través de la Resolución 558/2013 de 19 de septiembre, confirmando en todas sus partes la RA 026/2013 emitida por el Consejo Académico Nacional de Policías.
Refiere que, el Auto Inicial dictado en su contra, no se encuentra debidamente fundamentado ni motivado; tampoco se individualizó sobre qué hecho se la juzgaría, para así descargar pruebas, pues la normativa señala dos causales; quedar en estado de gravidez o comprobarse médicamente la práctica de interrupción del embarazo; por otra parte, la oficial investigadora -codemandada- en conclusiones de su informe, manifestó que la accionante se negó a contestar algunas preguntas estableciendo una obstaculización de la investigación, sugiriendo que por ello se considere como agravante en el proceso administrativo lo cual es, contrario a lo establecido en el art. 121.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que infiere que nadie será obligado a declarar contra sí mismo.
Por otro lado, considera que la Resolución del recurso jerárquico, refiriéndose al precepto del art. 39.B.3.10 del Reglamento de Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de Grado de la UNIPOL, señaló que es una condición sine qua non de permanencia en cualquier unidad de grado y de darse esa situación conlleva al retiro definitivo, siendo que la norma no tiene carácter sancionatorio, sino es una cláusula que impone una condición de permanencia; por lo que, no se le aplicó una sanción; al contrario, fue dada de baja por no cumplir con un requisito, contrariamente a lo que establece el proceso sumario ya que indica una infracción; en este contexto, considera que existe una sanción ilegal.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- i)
- III.1. El control tutelar de constitucionalidad y el resguardo a derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional
- comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos", (…) “Se entiende que el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales
- El debido proceso es una institución del derecho procesal constitucional que abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo, así como los presupuestos normativamente pre-establecidos, para hacer posible así la materialización de la justicia en igualdad de condiciones.
- la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento
- lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma
- cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia,
- la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas.
- la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión,
- En ese sentido, el juez o tribunal no podrá iniciar una acción invocando ciertas conductas previamente tipificadas para en el curso de la sustanciación del proceso, cambiar las mismas, o peor aún, arribar a una conclusión de que fueron vulnerados otros preceptos por los cuales no se dio inicio al proceso en curso, aquello indudablemente significaría vulneración del principio de congruencia y atentatorio contra el debido proceso y el derecho a la defensa, por cuanto efectivamente se deja en indefensión al procesado quien no podrá asumir la misma de una manera efectiva, alterando inclusive la producción de la prueba de descargo
- impone al tribunal o juez de alzada el deber de su rectificación, asegurándose la estricta correspondencia entre la acusación y el fallo
- , por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador.
- la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes'
- la congruencia vela por la conexitud del objeto del proceso entre la acusación y la sentencia, en atención a los hechos atribuidos e impidiendo la sanción sobre otros arbitrariamente incluidos. A decir de Claus Roxin, los hechos referidos en la acusación se constituyen en el objeto del proceso penal, que circunscribe su desarrollo a lo descrito en ella (Derecho Procesal Penal. Editores Del Puerto. Buenos Aires, 2010). Al respecto, el 'hecho' no es simplemente un determinado tipo penal, sino el acontecimiento fáctico que puede o no configurar una conducta típica
- III.5. Derecho a la educación
- "…el derecho a recibir instrucción y el derecho a la educación -salvando las diferencias de ambas categorías conceptuales- implican que la persona tiene la potestad de acceder al conocimiento, la ciencia, la técnica y los demás bienes y valores de la cultura, pero, además, recibirla de modo que al existir un sistema nacional de instrucción, enseñanza, aprendizaje o educación, el núcleo esencial de esos derechos no esta tan sólo en el acceso a dicho sistema, sino también a la permanencia de ese sistema
- III.6. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo