SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0271/2015-S2
Fecha: 26-Feb-2015
I.1.1. Hechos que motivan la acción
A partir de 25 de septiembre de 2012, desempeñó funciones como Consultora Individual de Línea (Operador ODECO Terminal Trinidad); habiendo sido contratada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT); el 31 de diciembre de 2012, concluyó su contrato de trabajo, continuando con su labor por determinación de la ATT, hasta el 21 de febrero de 2013, fecha en la que fue contratada en el mismo cargo, hasta el 20 de abril de 2013. A tiempo del cumplimiento del segundo contrato la accionante aduce haberse encontrado en estado de gestación, siendo éste hecho de conocimiento de la autoridad accionada por lo que su persona gozaba de inamovilidad; sin embargo, pese a su estado de gravidez fue apartada de sus funciones.
Ante ésta situación, acudió ante la Jefatura Departamental del Trabajo, Empleo y Previsión Social de Beni, instancia en que la autoridad –ahora demandada– no se presentó, ni contestó su denuncia, constituyendo su inconcurrencia prueba de todo lo demandado; emitiéndose posteriormente la Conminatoria de reincorporación 005/2014 de 16 de enero. Dicha conminatoria no fue cumplida, habiendo transcurrido superabundantemente el plazo establecido en la misma por lo que interpone la presente acción.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- I.2.2. Informe de la parte demandada
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II. 3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURIDÍCOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica del contrato de consultoría
- de acuerdo con los términos de referencia y las condiciones establecidas en el contrato
- Los consultores en línea, al no ser funcionarios públicos, no gozan de la misma protección que les asiste a dicho estamento laboral, menos se constituyen en titulares de los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo, por tal razón no les corresponde vacaciones, aguinaldos y otros beneficios
- III.2. Sobre la conminatoria de reincorporación y su tratamiento constitucional
- La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación
- Aclarando que la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, en los alcances del DS 0495, no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador,
- pese a ello, debe entenderse que la justicia constitucional no puede hacer cumplir una conminatoria cuando la misma carece de fundamentación alguna
- las decisiones incluidas las laborales, deben explicar las razones para la determinación pues ello además permite resguardar el principio de interdicción de la arbitrariedad”
- al emitirse una resolución que conmine la reincorporación, ello no debe significar que de manera inmediata, la jurisdicción constitucional, haga cumplir la misma tal cual se refirió, como si fuera una instancia más, que ordene la automática reincorporación del trabajador a su fuente laboral, en su caso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la revisión de los procesos puestos en su conocimiento, debe hacer una valoración integral de todos los datos del proceso, los hechos y los supuestos derechos vulnerados, y después de ello, haciendo prevalecer la ‘verdad material’ sobre la verdad formal, emitirá un criterio, mediante una decisión justa y armónica con los principios, valores, derechos y garantías, contenidos en el texto Constitucional
- De lo señalado, se establece que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral por parte de las Jefaturas Departamentales de Trabajo, no provoca que, este Tribunal deba conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, en su caso, se hará una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los derechos vulnerados”
- la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional.
- III.3. Sobre la motivación y fundamentación como una exigencia constitucional de las resoluciones –judiciales y administrativas o cualesquiera otras–, como elemento sustancial del debido proceso. Jurisprudencia reiterada
- 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia;
- III.4.
- Fragmento 28
- REVOCAR en todo