SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0448/2015-S2
Fecha: 29-Abr-2015
a)
Por memorial de 18 de septiembre de 2014, cursante a fs. 56 y vta., Aida Luz Maldonado Bocangel y Jorge Alberto Quino Espejo, Vocales de la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentaron informe señalando, que dentro del proceso ejecutivo seguido por COOMUPOL Ltda. contra Ángel Eduardo Alayza Asin y otros; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó Resolución 64/2014 de 17 de febrero, que anuló obrados hasta fs. 38 vta., con la facultad fiscalizadora prevista en el art. 17.I de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), estableciendo la existencia de irregularidades en la tramitación del proceso, las mismas que se encuentran descritas en los puntos 1), 3), 4) y 6) del segundo considerando de la Resolución 64/2014, bajo el siguiente detalle: a) David Aramayo, Presidente de la MUCOOPOL Ltda., interpuso demanda ejecutiva contra Ángel Eduardo Alayza Asin, Carmen Rosario Aparicio de Alayza y Ramiro Escóbar Ovando para el cobro de Bs176 000.- (ciento setenta y seis mil bolivianos), emitiéndose Auto Intimatorio 65/99 de 23 de septiembre 1999, que no incluyó a Carmen Rosario Aparicio de Alayza, quien también fue parte demandada en el proceso, habiendo sido notificados Carmen Rosario Aparicio de Alayza y Ramiro Escobar Ovando con ese Auto Intimatorio en forma personal, omitiendo darse cumplimiento a lo previsto por el art. 121 del CPC; b) La Sentencia “322/2000 de 29 de septiembre”, con referencia a la excepción de falta de personería en el ejecutante, el Juez a quo indicó ser extemporánea, extremo que no es evidente teniendo en cuenta que Ángel Eduardo Alayza Asin, fue notificado con la demanda, Auto Intimatorio el 7 de abril de 2000, a horas 10:55, habiéndose planteado la excepción el 12 de igual mes y año, a horas 09:51, dentro del plazo previsto en el art 509 del CPC, correspondía pronunciarse respecto a la excepción planteada. Asimismo, se dio por notificado con la mencionada Sentencia a Ángel Eduardo Alayza Asin, quien interpuso recurso de apelación contra la misma, que fue respondida por David Vargas Flores, teniéndose que Mauricio Darío Escóbar Saavedra, Ramiro Escóbar Ovando fueron notificados mediante cédula en su domicilio real, y la otra “co-ejecutada” fue notificada en forma personal, sin constar en la diligencia su firma, así como tampoco la firma de la testigo de actuación; c) Se concedió la alzada, sin que la parte apelante hubiere provisto los recaudos de ley, se declaró ejecutoriada la sentencia, empero la parte apelante fue notificada con el referido Auto de concesión en Secretaría del Juzgado, así que tampoco se realizaron las otras diligencias con dicho actuado procesal a las otras partes intervinientes; y, d) El Juez a quo “pronunció auto complementario de la sentencia de fecha 15 de agosto de 2001, sin que se hubieren realizados las notificaciones a las partes con dicho auto complementario”. Habiéndose dictado la Resolución 64/2014, sobre la base del proceso y las normas legales que rigen la materia, solicitando se deniegue la presente acción de amparo constitucional, al no haberse vulnerado derechos y garantías constitucionales.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- concedió en parte
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III.
- Fragmento 10
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela
- III.2.
- La congruencia por su parte, responde a la estructura misma de una resolución, por cuanto expuestas las pretensiones de las partes traducidas en los puntos en los que centra una acción o recurso, la autoridad competente para resolver el mismo está impelida de contestar y absolver cada una de las alegaciones expuestas y además de ello, debe existir una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y el decisum que asume.
- Por su parte, la SCP 0632/2012 de 23 de julio, refirió: 'En este contexto, debe señalarse que uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa
- De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos
- Respecto a la pertinencia, el art. 236 del CPC señala que el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentados conforme al art. 227 del mismo Código, es decir, a la expresión de agravios como efecto de la resolución. Así, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, expresó que:
- la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse
- cuando se adviertan vulneraciones de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, queda plenamente justificada la falta de pronunciamiento sobre los puntos impugnados por el apelante, de lo resuelto por el inferior en grado, porque si en cumplimiento de la labor fiscalizadora, constata la presencia de las lesiones, entonces aún de oficio, podrá determinar nulidades de acuerdo a los límites establecidos en la ley
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo