SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0556/2015-S1
Fecha: 01-Jun-2015
1)
Francisco Chambi, Celia Arispe y Julieta Quisbert de Velásquez, Miembros de la Mesa Directiva de la junta de vecinos de Villa San Antonio Alto “Sector 29 de abril” del departamento de La Paz, a través de su abogado en audiencia refirieron que: 1) El 16 de noviembre de 2013, la junta vecinal compuesta sólo por sus representados y no por otras personas, como Germán Quisbert -quien tampoco estaba el día de los hechos-, como autoridades vecinales al ver personas extrañas que pretendían ingresar a terrenos que abarcan la junta solicitaron explicaciones, por lo que las ahora accionantes presentaron una documentación que supuestamente acreditaría su derecho propietario; 2) Al ser desconocidos y no haber hecho la referida entrega por conducto regular, con el fin de precautelar un posible avasallamiento sin verter ninguna amenaza ni acto arbitrario procedieron a paralizar la obra, comprometiéndose a revisar lo entregado; 3) Posteriormente las hoy demandantes de tutela, presentaron otras cartas solicitando reuniones a las que no se presentaron; y, 4) Queda claro que después del 16 de noviembre de 2013 no se realizó ningún acto hostil, y en un supuesto de haberse efectuado a la fecha por el tiempo transcurrido correspondería hablar de actos consentidos o del cese de los efectos del acto reclamado; más aún, cuando las impetrantes tienen abiertas las acciones legales que les conciernan para adquirir la posesión que hasta ese momento no ejercieron, sin pretender que la vía constitucional haga valer derechos de propiedad.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- I.2.1. Ratificación de la acción
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho
- 1) La flexibilización del principio de subsidiaridad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas
- Pues la protección que otorga la justicia constitucional siempre debe ponderar dos elementos: i) Su efectividad dentro del ordenamiento jurídico; y, ii) La estricta relación entre inmediatez y protección de derechos fundamentales
- en el escenario referido se tiene que la noción de impostergabilidad de la tutela impetrada es un elemento esencial a la otorgación de la misma a través de la acción de amparo constitucional por vías o medidas de hecho, puesto que si la violación del derecho ya cesó, su ámbito de dilucidación será el de la justicia ordinaria, esto en virtud de dos elementos: a) La tutela por vías de hecho no está destinada a dar una solución final a la problemática, pues la naturaleza inmediata y subsidiaria de la acción de amparo constitucional no permite tener el abanico probatorio necesario para poder lograr una razón en justicia de la cual puedan concluirse titularidades de derechos ni responsabilidades (civiles penales, administrativas, etc.); y, b) El art. 53.2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determina la improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado
- el accionante debe acreditar que la tutela requerida obedece a una situación de urgencia en la cual existe la inminencia de un perjuicio o afectación a los derechos fundamentales en la cual la tutela no puede ser postergada, y cuya finalidad es que cese la situación de hecho a efectos de que se restablezca el orden social transitoriamente hasta que sea la justicia ordinaria que lo haga de manera definitiva
- III.4.
- REVOCAR