SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0556/2015-S1

Las accionantes denunciaron que los ahora demandados en su calidad de miembros de la Directiva de la junta vecinal de Villa San Antonio Alto “sector 29 de abril” vulneraron sus derechos a un habitad y vivienda adecuada, a la propiedad privada individual y colectiva; y, a usar y gozar de los bienes propios, al perturbar bajo amenazas y amedrentamientos los trabajos de amurallamiento de un muro de cerco en el lote terreno de su propiedad, ubicado en la manzana 7 de la zona de Villa San Antonio Alto, que se estaban realizando el 16 de noviembre de 2013, ante presuntas dudas respecto a su derecho propietario, a pesar de haberse exhibido y entregado la documental de respaldo necesaria que acreditaba sus derechos sobre el predio mencionado y de prestar su predisposición para coordinar una salida, mediante la presentación de tres notas solicitando reuniones de concertación, que jamás fueron respondidas.

Al respecto según obrados se evidencia que las accionantes en su calidad de propietarias del lote de terreno num. 7, manzana B, de la Zona Villa San Antonio Alto, de una superficie de 207,90 m², inscrito bajo folio real 2.01.0.99.0104328, el 16 de noviembre de 2013, al contar con la autorización municipal correspondiente para la realización de obras menores, fueron interrumpidas por los representantes de la Directiva de la junta vecinal de Villa San Antonio Alto, cuando pretendían en el referido predio iniciar la construcción de un cerco, al cuestionarse su derecho propietario; por lo que en la misma fecha entregaron copia de toda la documental de respaldo sobre lo cuestionado, a objeto de su revisión, comprometiéndose además a regularizar cuotas ordinarias o extraordinarias que estuvieran pendientes por trabajos de acción comunal, sobre la base de lo cual el 14 de diciembre de ese mismo año, solicitaron una reunión con la Directiva citada, a objeto de tratar su problema, considerando los perjuicios ocasionados por la paralización de la obra en el terreno de su propiedad, pedido que al no contar con respuesta fue reiterado el 22 de agosto de 2014, sin que figure contestación alguna al respecto. 

Aspectos sobre los cuales corresponde precisar que si bien María Verónica Alvarado Espejo de Choque y Marta Rosario Choque de Alvarado, refieren acciones de hecho ejercidas por los demandados, estas para ser consideradas como tales de acuerdo a la jurisprudencia constitucional deben encontrarse dentro de los márgenes establecidos en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, así tendrán que ser actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado constitucional de derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, que afecten derechos fundamentales en proceso de consumación, que requieren inmediata protección para prevenir un daño irreparable; en el entendido que no existe otra vía para el resguardo expedito de los derechos vulnerados, para lo cual debe acreditarse la necesidad apremiante de tutela; en el entendido que de haber cesado la afectación ya no tendría sentido la tutela constitucional por su carácter provisional; presupuestos sobre los cuales analizando el presente caso si bien se evidencia que los demandados impidieron de forma arbitraria el ejercicio pleno de los derechos de las accionantes a un habitad y vivienda adecuada, a la propiedad privada individual y colectiva; y, a usar y gozar de los bienes propios, esta vulneración se realizó el 16 de noviembre de 2013, mientras que la acción de amparo constitucional en análisis fue presentada el 20 de octubre de 2014, más de un año después, sin que exista registro de nuevos hechos que hagan prever la continuidad de los mismos; dado que, si bien el referido día producto de las medidas de hecho se obstruyó la continuidad  de obras de amurallamiento del lote de terreno de las impetrantes de tutela, no se ha probado que los demandados volvieron a ejercer ningún tipo de coacción física, material o psicológica que permita evidenciar la continuidad de los actos lesivos, no siendo suficiente al efecto considerar la ausencia de respuesta a las cartas presentadas solicitando reuniones de concertación y menos cuando las mismas han sido distantes unas de otras.