DCP 0163/2015 de 28 de julio, correlativa a la DCP 0005/2014 de 10 de enero, sustentando su posición en los argumentos jurídicos constitucionales que se desarrollan a continuación:

El objeto, en tanto finalidad del control previo de constitucionalidad de proyectos de normas institucionales básicas territoriales está definido con mayor especificidad por el art. 116 del CPCo, que dispone: “El control previo de constitucionalidad de Proyecto de Estatutos o Cartas Orgánicas tiene por objeto confrontar el contenido de dichos instrumentos normativos con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional”.

En tal sentido, la función del Tribunal Constitucional Plurinacional se limita a la contrastación normativa arriba descrita, lo que no implica un control de calidad al proceso que se pudo haber seguido en su elaboración -control que corresponde a otras instancias públicas- ni a la coherencia técnica interna de los documentos señalados, salvo que estas lleguen a afectar el sentido del o los preceptos examinados, afectando su constitucionalidad o restringiendo el ejercicio de derechos fundamentales.

Tal entendimiento, debe ser seguido también en los procedimientos posteriores a la emisión de una primera Declaración Constitucional Plurinacional en el marco del control previo a las normas básicas institucionales, es decir, en las adecuaciones que efectúen las ETA a los proyectos de estatutos autonómicos o Cartas Orgánicas Municipales (COM) en el marco de los dispuesto por las mismas tanto en su fundamentación como en su parte dispositiva; puesto que, si bien se debe considerar lo primigeniamente declarado, esto no puede limitar o soslayar el mandato constitucional concreto impuesto al Tribunal Constitucional Plurinacional por el art. 275 de la CPE, y cuyo objeto es desarrollado por el art. 116 del CPCo, en los siguientes términos: “El control previo de constitucionalidad de Estatutos o Cartas Orgánicas tiene por objeto confrontar el contenido de dichos instrumentos normativos con la Constitución Política del Estado y garantizar la supremacía constitucional”.

b)      Segunda opción, la modificación o reformulación. Esto implica un grado de variación en relación al texto original que no afecta la totalidad del objeto de regulación o la materia ni el nomen iuris, manteniendo además su ubicación dentro del constructo normativo -parte, título, capítulo, etc.- sin cambiar su esencia más general. Ciertamente, es posible afirmar que la mayor parte de los artículos objeto de adecuación seguirán esta opción.