SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0754/2015-S1

Cristian Rolando Aguilar, Carlos Colque Jiménez, en representación de Luis Ferrufino Terceros, Rector de la UATF, Raúl Vargas Ángelo, Jefe del Departamento de Personal, Pedro Luis Gutiérrez, Director Administrativo y Financiero, David Soraide Lozano, Presidente del Consejo Facultativo de Ciencias Agrícolas y Pecuarias, Efraín Aiza Chambi y Pedro Rodolfo Puch Cabrera, Presidente del Consejo y Presidente de Docentes, ambos de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la misma casa superior de estudios, mediante informe cursante  de fs. 188 a 193 vta., manifestaron que: a) Fue aprobada la Resolución “23/13” (sic) en el XII Congreso Nacional de la Universidad, que suprimió el art. 85 del Reglamento del Régimen Docente que establecía sesenta y cinco años como edad máxima para el ejercicio de la docencia, salvo en casos excepcionales considerados por el Consejo Universitario; de ser así, no existiría edad para jubilarse, generándose un vacío normativo; empero, el art. 148 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana, al reconocer los derechos sociales y laborales otorgados por la Ley General del Trabajo, sería aplicable el art. 66 de la referida norma; es decir, un trabajador puede ser despedido por los motivos que señala dicha norma, de donde no puede argüirse la falta de ley expresa, oscuridad e insuficiencia; en suma, no obstante lo asumido por dicho Congreso, los docentes se hallan dentro del ámbito de las normas laborales;  b) Respecto de la supuesta violación del art. 14 de la CPE, el accionante señala que toda su vida trabajó como docente; por lo que, no justifica su discriminación en razón de su edad, más aun si el accionante se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales y físicas para poder ejercer la docencia. Además, en lo concerniente a la vulneración de los derechos sociales fundamentales, carece de fundamento, por cuanto la emisión del preaviso, se sustenta en el art. 66 de la LGT, que tiene plena vigencia. En cuanto a la “Opinión Consultiva 18/2003” (sic), no tiene relación con el caso; c) El accionante al considerar que estaría siendo discriminado en razón de su edad, apela al informe METPS/GBA 005/14 de 12 de noviembre de 2014, emitido por la Jefatura de Trabajo, tergiversando su contenido, siendo que dicho informe indica que la referida norma, no fue derogada; asimismo, la jubilación es un derecho no una obligación. Por otro lado el ente laborar reconoce que la jubilación a partir de los sesenta y cinco años debería ser consensuada entre el trabajador y el empleador, y de ser pertinente ampliar los años, lo que hace ver la aplicabilidad del art. 66 de la LGT, tanto para la jubilación como la ampliación de servicios; y, d) La Universidad en el caso de los docentes afectados, amplió sus funciones, en cambio respecto del accionante –según el informe DPER-K-C 021/2015 del Departamento de Personal–, éste habría sobrepasado el límite de aportes previsto por la Ley de Pensiones. Con relación a la vinculatoriedad de la SCP 1035/2014 de 9 de junio, que declaró inconstitucional el art. 24.I.8 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), en la frase “haber cumplido sesenta y cinco años de edad” (sic), este aspecto según el accionante sería vinculante con su caso; al respecto cabe señalar que el Estatuto del Funcionario Público, incluyó a la universidad en su aplicabilidad; sin embargo, el Sistema Universitario Boliviano, interpuso oportunamente el recurso abstracto de inconstitucionalidad contra dicha Ley, mereciendo la SC 0016/2000 de 3 de abril y complementado por el AC 009/2000 de 11 de abril, que declaró inconstitucional varios artículos de la referida ley; por lo que, el señalado fallo constitucional no tiene efecto vinculante; y, e) Concluyen manifestando que no es evidente que no se haya respondido las notas del accionante, por el contrario él se negó a recibir las mismas, por todo lo expuesto solicitaron se deniegue la tutela.