SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0030/2016-S3

En la problemática planteada, la accionante denuncia que se encontraría ilegalmente perseguida e indebidamente procesada dentro de la causa penal en la que fue querellada junto a su esposo, porque el Fiscal de Materia demandado, en ningún momento le comunicó del proceso investigativo, ni se le notificó de la querella, proceso del que se enteró en forma circunstancial y fortuita, cuando el funcionario policial demandado realizaba muestras fotográficas de su domicilio, actuaciones que considera vulneran sus derechos a la libre locomoción, al debido proceso, a la propiedad y a la privacidad.

Ahora bien, resulta que la accionante en su memorial alega una serie de incumplimientos de deberes y plazos procesales dentro del proceso penal referido, que a su criterio constituyen omisiones lesivas de sus derechos y en virtud de las cuales se considera indebida e ilegalmente perseguida; sin embargo, de la revisión de los elementos adjuntos, este Tribunal llega a concluir que ninguna de las reclamaciones constituyen un indebido procesamiento que se encuentra vinculado a la libertad o a la amenaza contra esta.

En efecto, la accionante demanda que no se le hizo conocer ninguna actuación dentro de la investigación iniciada por el Fiscal de Materia demandado en razón a una denuncia y querella que se habrían presentado en contra de su esposo, así también señala que la acción penal es contra su cónyuge y no contra su persona, para finalmente alegar la falta de comunicación del inicio de investigación por parte del Fiscal demandado al Juez cautelar; no obstante, -al margen de que se evidencia que la causa 7593-2015, seguida contra Jaime Rodríguez Hartel, fue puesta a conocimiento de la autoridad jurisdiccional por el Fiscal el 21 de mayo de 2015 y el hecho que denuncia la ahora accionante sucedió en el mes de julio del mismo año-; es importante determinar cuál es la vinculación de esos actos u omisiones con la libertad de la accionante; y examinados los mismos, no existe ningún elemento que permita relacionarlos. No puede establecerse como un peligro contra la libertad, presente o futuro, el hecho de estar involucrado en un proceso penal, en virtud justamente del debido proceso y las limitaciones que a partir del marco constitucional se establecieron en el procedimiento penal, tanto en los arts. 1 y 7 ambos del CPP, determinan las causas en las que operarían las restricciones a la libertad dentro del proceso, y no en forma inmediata al inicio de una investigación penal o que la misma per se sea restrictiva en forma automática de la libertad, por lo que las presuntas irregularidades del proceso penal al que la accionante hace referencia, no se encuentran vinculadas a su libertad y tampoco se advierte absoluto estado de indefensión, por cuanto no existe en los antecedentes del presente caso, ningún actuado procesal que se hubiese dictado contra la accionante y que le hubiese generado indefensión.

Con relación a la denuncia de vulneración de derechos por el funcionario policial codemandado, emergente de la toma fotográfica del domicilio de la ahora accionante; en primer lugar se tiene que considerar que conforme informa el Oficial de Diligencias en el formulario cursante a fs. 14, no se pudo notificar a esta persona, motivo por el cual no pudo asistir a la audiencia señalada. No obstante, por la propia aseveración de la misma, éste hubiere ejecutado sus acciones bajo la orden del Fiscal de Materia demandado; entonces, se entiende que bajo el control del director funcional de la investigación, no se advierte que los actos demandados incidirían de forma alguna en los derechos denunciados como conculcados en la presente acción de defensa,  concluyéndose que tal alegación tampoco es susceptible de ser protegida por este mecanismo procesal, al no encontrarse en concomitancia con la relevancia o trascendencia constitucional, circunstancia que constituye una barrera para la justicia constitucional. En este sentido, la reclamación de la accionante, tampoco permite trasuntar a la esfera constitucional el hecho invocado, por lo que no es posible realizar una exegética constitucional para determinar la viabilidad de la problemática analizada, correspondiendo denegar la tutela con relación a esta alegación invocada por la accionante.