SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0058/2016-S1
Fecha: 14-Ene-2016
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En base a la orden de verificación externa 78070VE0003, la Administración Tributaria procedió al proceso de fiscalización sobre base cierta para la comprobación de obligaciones impositivas del contribuyente “EMPRESA PETROLERA ANDINA S.A.” (sic), del Impuesto a las Transacciones (IT) de los periodos de octubre, noviembre y diciembre todos de la gestión 2002, pronunciándose Resolución Determinativa GSH.DTJC 190/2007 de 17 de diciembre, impugnando la misma, la señalada empresa, mediante demanda contenciosa, ante el Juez Primero en Materia Administrativa, Coactiva Fiscal y Tributaria del departamento de Santa Cruz, quién dictó Resolución 22 de 10 de junio de 2009, declarando improbada la demanda, manteniendo firme y subsistente la Resolución Determinativa ut supra, apelando ese fallo, “la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz de la Sierra” (sic) por “Auto de Vista 45/2009 de 10 de junio del 2009” (sic), confirmó la Resolución apelada.
El contribuyente, contra el “Auto de Vista 45/2009” (sic), interpuso recurso de casación; y, la Sala Social y Administrativa Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, por Auto Supremo 231/2014 de 21 de noviembre, anuló obrados hasta fs. 667, disponiendo que previo sorteo y sin espera de turno ni dilación alguna, bajo responsabilidad administrativa pronuncie nuevo auto de vista, en sujeción al art. 236 del Código de Procedimiento Civil (CPC.1997), manifestándose sobre los puntos reclamados en apelación.
La Resolución 22 apelada contenía todos los requisitos de forma y exigencia de valoración, fundamentación y motivación; y, consideró todo los puntos demandados; ahora, referente al “Auto de Vista 45/2009” (sic), que confirmó el fallo supra, fue dictado con la debida argumentación, respondiendo a todo lo objetado.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a.
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- sí procede la tutela constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar 'cosa juzgada'.
- la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada.
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar; es decir, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar esos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado así como los Convenios y Tratados Internacionales
- "El debido proceso es una garantía de orden constitucional,
- Principio, porque está dirigido a conservar el estado de inocencia de la persona durante todo el trámite procesal, ello supone que se convierte en una directriz de la administración de justicia que debe ser observada por todas las autoridades y servidores públicos encargados de ejercitar la potestad punitiva del Estado, tanto en el ámbito punitivo como en todo el sistema administrativo sancionador.
- Derecho, porque es predicable respecto de todas las personas, vincula a todos los órganos de poder y se encuentra reconocido como un derecho humano por los instrumentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8.2) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. 26) como en los instrumentos internacionales se encuentra reconocido como un derecho humano.
- 'En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia
- b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”
- se debe asegurar al acceso irrestricto a la justicia, brindando una tutela judicial efectiva
- III.4. Sobre la nulidad de los actos procesales y los principios que la rigen, como presupuestos o antecedentes para su procedencia
- la nulidad procesal, precisamente, tiene lugar, cuando el acto impugnado vulnera gravemente la sustanciación regular del procedimiento, o cuando carece de algún requisito que le impide lograr la finalidad natural, normal, a que está destinado, sea en su aspecto formal, sea en cuanto a los sujetos o el objeto del acto'.
- para que opere una declaratoria de nulidad, aún de oficio,
- III.5. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en parte