SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2016-S1

La Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 16/2015 de 16 de septiembre, cursante de fs. 94 a 100 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) La Ley General para Personas con Discapacidad, fue promulgada con el objeto garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral, por su parte el art. 34.II de la citada Ley, establece que: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido”; ii) En el caso presente, de acuerdo al carnet de discapacidad emitido por CODEPEDIS, se tiene que el accionante cuenta con una discapacidad física motora en un 55%, que ocupaba el cargo de Asesor Legal de Gerencia Comercial de SETAR, habiendo recibido el 19 de diciembre de 2014, el Memorando GG 112/2014 del 18 de diciembre, de destitución como consecuencia de un proceso administrativo interno; sin embargo, habiendo el accionante interpuesto acción de amparo constitucional, permaneció en su fuente laboral al haber sido restituido a su puesto de trabajo, hasta que su hijo menor cumpla un año de edad, debido a que gozaba de inamovilidad laboral; iii) La Sentencia 19/2014 le otorgaba parcialmente la tutela impetrada, dejando en suspenso el memorándum de destitución profesional, hasta que su hijo cumpla un año de edad y denegando la tutela con relación a que el proceso administrativo que dispuso su destitución sea anulado al igual que las resoluciones pronunciadas por el mismo, ya que no se habrían vulnerado derechos ni garantías constitucionales; iv) Al haber cumplido su hijo menor un año de edad, el ahora demandado expidió el instructivo de “cumplimiento de sentencia de acción de amparo constitucional N° 19/2014”, materializando así su destitución laboral que quedó en suspenso, con lo cual según el accionante se estaría vulnerando su condición de persona discapacitada que goza de inamovilidad funcionaria; v) Si bien se emitió el Instructivo GG 0242/2015, dando a conocer al accionante su baja o destitución, el mismo es producto del proceso administrativo interno con calidad de cosa juzgada que dispuso su destitución y que de acuerdo a la Sentencia emitida dentro la acción de amparo constitucional que dejó en suspenso el Memorando GG 112/2014, el cual se materializó al cumplir su hijo menor un año de edad, no puede pretender tutela de inamovilidad laboral, cuando dicha sustitución se encuentra justificada y motivada conforme a ley, y las excepciones establecidas a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad; vi) La persona con discapacidad no puede valerse de su condición, para conseguir en la vía constitucional ser restituido a su fuente laboral, cuando su destitución devino de causales que justifican su destitución, resultado de un debido proceso administrativo interno; vii) La Ley garantiza a las personas con discapacidades el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, debiendo prevenirse con sigiloso cuidado que el ejercicio de estos derechos no se conviertan en un medio de conseguir aspectos cuya finalidad exceda el espíritu de la norma constitucional; viii) Por todo lo antes mencionado se concluye que no se han vulnerado derechos ni con el Memorando GG 112/2014 ni con el Instructivo GG 0242, que refiere la materialización de su destitución laboral por el cumplimiento de “sentencia de amparo constitucional 19/2014; ix) Si bien la Norma Suprema establece protección especial a las personas con discapacidad, disponiendo la inamovilidad laboral de las mismas, empero, ello tiene su excepción al establecer que el beneficio no será extensible a personas discapacitadas que por causas imputables a ellas mismas se dé por finalizada la relación profesional, salvaguardando la obligación que tiene el empleador de enmarcarse a los procedimientos determinados -previo debido proceso-, para la extinción laboral, tal como ocurrió en el caso presente; y, x) De acuerdo a la jurisprudencia y la jurisdicción constitucional no puede exigir el cumplimiento de conminatorias de reincorporación y/o inamovilidad laboral, que lesionan derechos de la parte empleadora, cuando ésta emana de un procedimiento que vulnera el derecho al debido proceso, como ocurre en el presente caso donde SETAR no fue citada para presentar sus descargos quedando así en indefensión; por otra parte, la RM 868/10 exige que para emitir dichas resoluciones, las Jefaturas Departamentales de Trabajo, deberán verificar que no se trate de un distracto justificativo.