SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0122/2016-S1
Fecha: 29-Ene-2016
III.4. Análisis del caso concreto
Dentro el sumario penal contra el accionante por la supuesta comisión del delito de robo, interpuso excepción de extinción de la acción penal y archivo de obrados, el 18 de septiembre de 2012; y, hasta la fecha, pasaron tres años y diez días y la autoridad demandada no resolvió, pese a ser de previo y especial pronunciamiento. El 23 de septiembre de 2015, en audiencia de medidas cautelares pronunció Resolución 12/2015, disponiendo su detención preventiva, sin que hubiese dictado fallo alguno sobre el incidente de actividad procesal defectuosa que le fue concedida el 21 de octubre de 2014; por consiguiente, consideró encontrarse indebidamente privado de su libertad.
De la compulsa de los datos cursantes en el expediente, así como de la alegación del referido, se establece que los hechos acusados en la presente acción de defensa, fueron denunciados en una anterior acción de libertad resuelta por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 065/2015 de 25 de septiembre, concediendo en parte la tutela solicitada; por lo que, contrastando la referida Resolución con los datos de éste caso, se tiene que el aludido y la autoridad demandada son las mismas personas y las vulneraciones acusadas versan sobre los mismos actos procesales, existiendo identidad de objeto, sujeto y causa conforme a las Conclusiones II.8 de ésta Sentencia Constitucional Plurinacional, motivo por el que no es posible ingresar al análisis de fondo; asimismo, cabe resaltar la naturaleza obligatoria y vinculante de lo resuelto por un tribunal de garantías que constriñe a todas los individuos a cumplir lo pronunciado en una acción tutelar, es así, que en el supuesto de desobediencia, lo adecuado, es acudir al juez o tribunal de garantías, a efectos de hacer cumplir lo establecido en su resolución, en caso de resistencia o incumplimiento, se procederá a la remisión de antecedentes al Ministerio Público, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.2 y III.3 de la éste fallo.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- a)
- denegó
- II.4.
- II.7.
- II.8.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 9
- III.1.
- III.2. Sobre la identidad de sujeto, objeto y causa en la acción de libertad
- …cuando este Tribunal conoce en revisión una acción tutelar y evidencia que el recurrente acudió en una segunda oportunidad a la jurisdicción constitucional, a través del recurso de hábeas corpus, estableciéndose con tal actuación la existencia de identidad absoluta de sujetos (partes: recurrente y recurrido), objeto (pretensiones del actor) y causa (hechos o supuestos fácticos en que se fundó la demanda), o que el actor hubiese incoado antes la misma acción, con idéntico propósito y por iguales motivos, aunque contra distintas autoridades, -en este último supuesto constatándose sólo la identidad parcial de los sujetos procesales-,este Tribunal, en ambos supuestos, está impedido de ingresar al fondo de uno de los recursos; entendimiento jurisprudencial que se sustenta en el hecho de que el recurrente no puede pretender que este Tribunal que ya emitió un pronunciamiento expreso sobre el mismo problema jurídico planteado -en ambos recursos- vuelva a considerar el fondo de lo que ya ha sido demandado y resuelto, porque de así hacerlo, incurriría en una innecesaria e irregular duplicidad de fallos respecto a un mismo asunto; sólo por el uso abusivo y temerario de este recurso constitucional
- En el plano especifico del recurso de hábeas corpus, hoy acción de libertad, prevista por los arts. 125 al 127 de la CPE, el art. 104 de la LTC establece que: Los funcionarios públicos y personas particulares que recibieren una orden judicial dictada en recurso de hábeas corpus o amparo constitucional y no la cumplieren y no la hicieren cumplir, serán sometidos a proceso penal, a cuyo efecto se remitirán antecedentes al Ministerio Público
- el recurrente exige el cumplimiento de la SC 1266/2002-R de 21 de octubre, para cuyo caso, se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso que dio origen a la sentencia referida, a quien se deberá pedir haga cumplir el fallo constitucional y para el caso de resistencia o incumplimiento, se deberá solicitar la remisión de antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal de los demandados por la comisión del delito previsto en el art. 179-bis del Código Penal (CP), sin perjuicio de que el recurrente pueda pedir al Tribunal Constitucional haga cumplir su determinación imponiendo las sanciones pecuniarias correspondientes que le faculta el art. 52 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)', línea jurisprudencial que también se ha plasmado, entre otras, en las SSCC 0362/2000-R, 1609/2003-R, 0026/2004-R, 0377/2004- R y 0113/2006-R
- Por consiguiente, queda claro que ante la resistencia, desobediencia o incumplimiento de fallos constitucionales pronunciados en acciones de tutela, las personas afectadas pueden acudir ante la misma autoridad que dictó la resolución constitucional solicitando la haga cumplir, y en caso de persistir la desobediencia, tienen expedita la vía penal contra las autoridades renuentes. Por tanto, la acción de libertad no es el mecanismo idóneo para exigir que un fallo constitucional sea acatado
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR