Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
Sentencia Constitucional Plurinacional: 1037/2016-S2 de 24 de octubre de 2016.
Fecha: 24-Oct-2016
Partes: Alfredo Cabrera Camacho
Partes: Alfredo Cabrera Camacho en representación legal de Dina Iriarte Ardaya Vda. de Callau y Osvaldo Callau Allorto contra Deysi Villagómez Velasco, Lucio Fuentes Hinojosa, Javier Peñafiel Bravo y Bernardo Huarachi Tola, Magistrados de la Sala Segunda de Tribunal Agroambiental; Ronald Suárez Vaca, Juez Agroambiental de San Ignacio de Moxos del departamento de Beni.
- Partes: Alfredo Cabrera Camacho
- I.
- II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 4
- III.1.
- mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
- De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia”.
- Fragmento 8
- «…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor:
- 'Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…).
- «…las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo»”
- 2°