SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1034/2016-S2

La Sala Civil, Comercial, y Familiar Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución SCFI-0034/2016 de 22 de septiembre, cursante de fs. 139 a 143 vta., denegó la tutela, conforme los siguientes fundamentos: 1) La Resolución Fiscal UN-AN-Q- 80/2015, es impugnada por Luís Edson Ayllón Salgueiro, ante el Fiscal Departamental de Chuquisaca conforme a ley, alegando vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, dejando de lado y de un “plumazo” el Auto de Vista del Tribunal Departamental de Justicia, con desconocimiento del art. 2 de la LOMP, transcribe parte del Auto de Vista 302/2015, cuando refiere a la existencia de flagrante violación de los principios de contradicción y congruencia, entre la decisión asumida y los hechos probados a la adecuación penal, por no estar sometidos al contradictorio ni materia probatoria, sobre el que no asumió defensa el sentenciado; concluyendo que los jueces querellados al salirse de ese marco actuaron dolosamente, terminando pidiendo la revocatoria del auto de rechazo impugnado; 2) Revisados los antecedentes, el Fiscal Departamental, emitió la Resolución Jerárquica de 29 de octubre de 2015, como respuesta a la pretensión del querellante de revocatoria del auto de rechazo de querella del Fiscal de Materia, con los siguientes alegatos: Analizó el origen de los delitos, que merecen investigación, juzgamiento y la imposición de una sanción, se refiere a la facultad de la víctima para promover la acción penal en los delitos públicos o privados, en los primeros existe la preparación del juicio oral y público, a través de la recolección de pruebas o fase investigativa del hecho querellado, concluyendo que toda querella debe cumplir con los requisitos previstos por el art. 290 del Código de Procedimiento Penal (CPP), y 55 de la LOMP que faculta a las o los fiscales desestimar una denuncia escrita, cuando es atípico y otros elementos propios de una acción penal pública; y, 3) El accionante desde inicio ha estado facultado para utilizar y accionó todos los medios legales  de acceso a la justicia, como es la presentación de la querella contra dos ciudadanos por los delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, activó todos los medios de impugnación, incluso constitucionales, como la presente acción de amparo constitucional, no existiendo ningún impedimento para el ejercicio de este derecho; es decir, tuvo acceso a la justicia como toda persona que tiene el interés de recibir tutela por parte del Estado, la misma no basta con efectuar una petición velando sus pretensiones, sino toda petición está regulada por normas sustantivas y adjetivas, la respuesta de una pretensión es positiva o negativa. Con relación al derecho de ofrecer prueba, de los datos traídos a esta acción de amparo constitucional, el accionante no acreditó como las autoridades demandadas, le negaron u obstaculizado la producción de prueba, no siendo evidente la acusación de vulneración de derechos acusados en la presente acción de defensa. El Tribunal de garantías, advierte que las autoridades recurridas, enmarcaron su accionar en el art. 55 de la LOMP, que faculta desestimar las querellas cuando resultan atípicas, dando respuesta puntual a la impugnación en el punto IV, bajo el sub título de Fundamentos de la Resolución, por lo que no es evidente la acusación de la vulneración de derechos acusados en esta acción tutelar.