AUTO CONSTITUCIONAL 0293/2016-CA

En el presente caso, la accionante solicita se promueva la acción de la inconstitucionalidad del art. 41.IV del Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, aprobado por DS 2174 de 5 de noviembre de 2014, por ser presuntamente contrario a los arts. 9.4, 13.I y IV, 14.I, II y III, 115.II, 117.I, 180.I y II; y, 410 de la CPE.

En ese sentido, alegó que dentro del proceso administrativo seguido en su contra por la Autoridad de Juegos, pronunció la Resolución Sancionatoria 10-00078-16 de 11 de septiembre de 2016, estableciendo en su parte resolutiva, infracción grave, prevista en el art. 28.I.2 incisos a) y c) de la Ley de Juegos de Lotería y de Azar -Ley 060 de 25 de noviembre de 2010-, por la instalación de máquinas o cualquier otro medio de juego, sin autorización de la AJ, sancionándola con una multa de UFVs 50 000.- (cincuenta mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda); ante ello, presentó el recurso de revocatoria, que fue respondido mediante proveído  de observación al Recurso Revocatorio 12-00539-16 de 13 de octubre de similar año, solicitando que con carácter previo a la tramitación del recurso, deberá adjuntarse el deposito o boleta de garantía bancaria emitida a la orden de la AJ que garantice el importe de la sanción impuesta, conforme lo dispone el art. 41.IV del referido Reglamento; acto que determinó la interposición de la presente acción de inconstitucionalidad concreta, por considerar que dicha norma es contraria a la Constitución Política del Estado.

Del análisis de los datos del proceso se evidencia, que el mismo no reúne los requisitos establecidos en el art. 24.I.4 del CPCo; puesto que, no efectuó una adecuada fundamentación jurídico-constitucional, que sustente la activación de esta acción, ni expresa de manera fundamentada las razones o motivos por los cuales considera que la norma cuestionada es contraria a los preceptos constitucionales invocados; sobre el particular, el AC 0312/2012-CA de 9 de abril, que a su vez hizo referencia al AC 0026/2010-CA de 25 de marzo, y éste reiteró el razonamiento de la SC 0045/2004 de 4 de mayo, determinó que: “‘…La expresión de los fundamentos jurídico-constitucionales es esencial, pues no es suficiente la mera identificación de las normas constitucionales que se considera estarían siendo infringidas…”.