SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1311/2016-S3

El accionante considera que el Juez ahora demandado perdió imparcialidad al restringirle los beneficios establecidos en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y sus derechos constitucionales, toda vez que presentó en varias ocasiones recusaciones y acciones de libertad contra dicha autoridad, circunstancias por las cuales se declaró su enemigo, difamándolo, discriminándolo obstaculizando todos sus beneficios, sin tomar en cuenta su estado de salud, al padecer de diabetes y epilepsia; encontrándose imposibilitado de gozar de los beneficios de privado de libertad, como salidas prolongadas -art. 167 de la citada Ley- y que se le designe como procurador jurídico, que fuere solicitado al Director del Recinto Penitenciario “San Pedro”, mismas que le fueron negadas; y pese haber pedido día y hora para la audiencia de extramuro, prevista en el art. 170 de la precitada ley, al contar con dos garantes “verificados” por la Trabajadora Social del Juzgado de Ejecución Penal Cuarto del departamento de La Paz, su requerimiento no tuvo respuesta, realizándose además observaciones con relación a un proceso del año 2009, seguido en su contra, sobre el cual el Juez de Ejecución Penal Cuarto, solicitó informe a la Fiscal de Materia adscrita a la División Especializada de Sustancias Controladas, que dio cuenta de la inexistencia de “un mandamiento de revocatoria o mandamiento de captura”; a más de que fue notificado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto a la recusación que le fue negada; señalando asimismo que fue notificado media hora antes de celebrarse la audiencia de acción de libertad interpuesta con anterioridad -14 de septiembre de 2016-, teniendo la impresión de que por orden del Juez demandado no fue conducido en horario; y, por reclamar su traslado, el funcionario policial que lo custodia procedió a enmanillarle fuertemente, ocasionando el adormecimiento de sus manos.