SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0290/2016-S2

La problemática que plantea la presente acción de amparo constitucional se encuentra referida a que la accionante denunció vulneración a su derecho a la petición; toda vez que, denunció contra uno de los Técnicos de la Dirección Distrital de Educación Cochabamba, y habiendo el referido funcionario evacuado informe ante la Unidad de Transparencia de Dirección Departamental de Educación, solicitó copia legalizada o autenticada del merituado informe, a la misma no obtuvo respuesta alguna, no obstante su peregrinar e innumerables reclamos; habiéndose planteado con posterioridad reclamo ante la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, tampoco mereció respuesta alguna a su petición.

Conocidos los antecedentes que nos informan del proceso, y conforme la jurisprudencia que se tiene desarrollada sobre el particular en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la accionante en su condición de denunciante, al amparo del art. 24 de la CPE, mediante memorial de 10 de noviembre de 2015, solicitó a la autoridad demandada, fotocopia legalizada o autenticada del informe evacuado por el Técnico de la Dirección Distrital de Cochabamba ante la Unidad de Transparencia de la Dirección Departamental de Educación, luego de los innumerables reclamos efectuados, recién se le procedió a la lectura del referido informe, por el que el demandado niega los extremos de la denuncia que se tiene efectuada en su contra; por lo que el 12 del mismo mes y año, presentó reclamo ante la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, no habiendo merecido respuesta alguna sobre el particular.

Ahora bien, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, una de las hipótesis en las que se tiene como vulnerado el derecho a la petición ocurre cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud escrita, no la atiende; es decir, no la tramita ni la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, que para el caso, al tratarse de una solicitud que ameritaba un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión del accionante, cuál era la entrega de fotocopias legalizadas o autenticadas del Informe evacuado por el Técnico de la Dirección Distrital de Educación; sin embargo, se evidencia que la autoridad demandada no respondió de manera oportuna al pedido efectuado por el accionante el 10 de noviembre de 2015, habiendo trascurrido desde entonces hasta la fecha de presentación de la presente acción, casi un mes; lo cual implica que, pasó superabundantemente el plazo para que se dé cumplimiento a su petición, que al respecto, el art. 1 inc. b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, determina que su objeto es “Hacer efectivo el ejercicio del derecho de petición ante la Administración Pública”; a su vez, el DS 27113 de 23 de julio de 2003, que reglamenta a la citada ley, señala que la petición es un derecho de los ciudadanos y compromete a la administración pública a dar una respuesta oportuna y pertinente; en cuyo mérito corresponde conceder la tutela solicitada.