AUTO CONSTITUCIONAL 0172/2017-CA

Mediante memorial presentado el 13 de abril de 2017, cursante de fs. 39 a 44 vta., la entidad accionante a través de su representante, señala que dentro del proceso coactivo social seguido contra el Gobierno Autónomo Municipal de Yunchara del departamento de Tarija, persigue cobrar la suma de Bs19 561,97.-(diecinueve mil quinientos sesenta y uno 97/100 bolivianos) por concepto de multas, intereses y gastos judiciales sobrevinientes de primas del Seguro de Salud Para el Adulto Mayor (SSPAM), correspondientes al segundo cuatrimestre de 2012, sustanciado en el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario Primero del referido departamento, por Nota de Cargo 233-124/2016 de 23 de agosto de 2016.

Indica que el referido Gobierno Autónomo Municipal, se acogió a la condonación de recargos accesorios invocando la Disposición Adicional Única de la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, respecto a que los entes gestores de seguridad social de corto plazo, determina que se condonará el pago de los recargos accesorios aplicados a las primas de cotizaciones que se encuentran pendientes de pago a partir de la vigencia de la Ley 3323 de 16 de enero de 2006, y la implementación del SSPAM, en favor de los gobiernos autónomos municipales, vulnerando los arts. 222 del Código de Seguridad Social (CSS); 609 de su Reglamento; y, 32 del Decreto Ley (DL) 10173 de 28 de marzo de 1972, respecto a la condonación de multas e intereses; y, 123 y 410 de la CPE, concernientes a la irretroactividad de la ley y la jerarquía normativa.

Refiere que la doctrina y la jurisprudencia respecto al art. 123 de la Norma Suprema sobre la irretroactividad hace referencia a que la ley dispone para lo venidero y no tiene efecto retroactivo, excepto en materia laboral, penal y corrupción; situación diferente a la presente pretensión; ya que, se tratan de adeudos de multas, intereses y gastos judiciales sobrevinientes del SSPAM, recursos que van a cubrir la salud de la población asegurada y no puede ser motivo de retroactividad.