SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0699/2016-S2
Fecha: 08-Ago-2016
a)
Ana María Fuentes Leytón, Directora de la Carrera de Enfermería de la Universidad Nacional Siglo XX, por informe oral presentado en audiencia, señaló: a) La carga horaria se ratifica y aprueba en Consejo de Carrera; la carrera desde la gestión pasada viene atravesando un conflicto estudiantil, donde se designó un comité ad hoc con atribución de convocar a elecciones, hasta la fecha no se tiene representación estudiantil legítima; la elección de delegados de curso recién está en proceso; por lo que, la convocatoria a Consejo de Carrera no fue viable; dentro de sus atribuciones precautelando la cancelación de sueldos de los docentes, emitió una carga horaria, la misma que se la consensuó en reunión técnica-docente, la parte técnica es la que realiza el análisis y su aprobación, después se remite al Consejo de Carrera, cuando se reunieron todos los docentes, se generó conflicto con relación al accionante, habiéndose quedado en cuarto intermedio y ante la imposibilidad de avanzar, para no perjudicar a la Carrera se efectuó reunión por categorías, en la Carrera de Enfermería existen cuatro categorías de docentes; primero los docentes titulares que son los que ingresaron bajo concurso de méritos y examen de competencia que son en número de nueve; los docentes contratados en asignatura que son en número de cinco; los docentes contratados con cuatro horas que son en número de siete y los docentes interinos que son ocho, haciendo un total de veintinueve docentes en la Carrera; b) La designación de la carga horaria se procede en una reunión técnica primeramente con los titulares, después se hace la designación completándoles a tiempo completo y se les va designando a los docentes contratados en materia, contratados con cuatro horas, respetando la antigüedad y el ingreso a la carrera; ese es el proceso que se hace, en este momento es de conocimiento de las autoridades que no se tiene un centro de estudiantes, no se pudo avalar la carga horaria en un Consejo de Carrera; y, c) Las tres propuestas efectuadas al accionante, surgen de la reunión de 3 de marzo de 2016, que se llevó a cabo juntamente con los docentes interinos, propuestas que no aceptó; sin embargo, no solamente a él se le planteó la salida a subsedes, se tiene tres subsedes a nivel licenciatura en Colquiri del departamento de La Paz, Poopó del departamento de Oruro y Telamayu del departamento de Potosí; en Poopó y Colquiri recién se aperturó el cuarto año, en un principio como autoridad se solicitó unificar la formación y por falta de laboratorios en las subsedes tenía que centralizarse en la central, pero no fue posible, entonces en algún momento todos los docentes en un día no muy lejano vamos a tener que salir a subsedes, porque el número de estudiantes está descendiendo, esta gestión para no tener conflicto de carga horaria se tuvo que ampliar la fechas del examen directo, dar vía libre a las transferencias inclusive de áreas que no corresponden, para justificar el número de paralelos.
Valentín Loredo Gareca, Rector, Oliver Yapari, Vicerrector y Eldi Valdivia, Directora General Académica, todos de la Universidad Nacional Siglo XX, no presentaron informe escrito alguno ni asistieron a la audiencia de acción de amparo constitucional pese a su legal notificación cursante de fs. 55 vta. a 56.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE.
- La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela’”
- III.2. La estabilidad laboral, el ejercicio del ius variandi y el principio de razonabilidad como elemento rector del ejercicio de los derechos sociales
- La estabilidad laboral sin la menor duda, es el estandarte de los derechos sociales, pues se constituye en una garantía del trabajo, en cuya virtud el obrero no puede ser despedido sin una causa legítima y sin el desarrollo imparcial de un proceso, donde tenga el pleno ejercicio de su derecho a la defensa; estableciéndose así que, la disolución del vínculo laboral no dependa únicamente del empleador, pudiendo desvincularse de la relación laboral de manera excepcional ante la concurrencia de las causas que efectivamente hagan imposible su continuación, previo desarrollo de los procesos establecidos al efecto y en resguardo de los derechos y garantías reconocidos a favor del procesado.
- Ahora bien, la doctrina laboral ha desarrollado el ‘ius variandi’ (el derecho de variación que le asiste al empleador de cambiar las condiciones de trabajo), cuyo ejercicio faculta al empleador variar las modalidades de prestación de las tareas del trabajador; es decir, es una prerrogativa excepcional que le asiste al empleador, para alterar ciertos aspectos del contrato dentro de ciertos límites, lo cual no limita al trabajador a oponerse cuando la misma resulte ser perjudicial, arbitraria y discriminatoria. En este sentido, la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, en la SC 1579/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…conviene en que conforme al principio ius variandi, el empleador tiene la facultad de cambiar el lugar de trabajo del empleado; es decir, puede trasladarlo a otro asiento laboral; sin embargo, esa facultad no es absoluta ni mucho menos se puede utilizar de forma caprichosa y bajo ningún concepto, mucho menos como forma de sanción o como un mecanismo de amedrentamiento…’. Por otro lado, es menester recurrir a la jurisprudencia comparada; así, la Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia T-797 de 3 de agosto de 2005, precisó que el ius variandi: ‘es una de las manifestaciones del poder de subordinación que ejerce el empleador sobre sus empleados, y se concreta en la facultad de variar las condiciones en que se realiza la prestación personal del servicio, es decir, la potestad de modificar el modo, el lugar, la cantidad o el tiempo de trabajo’.
- Entonces, el ejercicio del ‘ius variandi’ también debe ser desplegado en el marco del principio de razonabilidad; es decir, si bien el empleador tiene la atribución de variar las condiciones de prestación de trabajo, ello debe efectuarse en el estricto marco de las disposiciones constitucionales inherentes a los derechos reconocidos a favor de los trabajadores, lo cual supone el respecto y la observancia de los valores, los principios y, particularmente la vigencia de los derechos laborales, en la medida que las decisiones del empleador no repercutan de manera negativa en el ejercicio de sus derechos -no precisamente laborales o sociales, sino también los conexos con ellos- del trabajador; consiguientemente, en lo concerniente al cambio del lugar y modo de prestación o trabajo, la misma será considerada arbitraria e irrazonable, cuando: sin previo consentimiento, el empleador de manera unilateral y omnímoda decida el desplazamiento del trabajador o cambio del modo de prestación, para el que fue contratado, siendo así que, la nueva asignación o nuevo destino signifique mayores gastos para su subsistencia y disminución en sus ingresos; asimismo, implique un cambio en el modo de vida del trabajador, de manera que, con la nueva forma de prestación o su desplazamiento tenga que trasladarse grandes distancias erogando mayores gastos para ello o, cuando la variación implique mayor esfuerzo a menor compensación, lo cual puede traducirse en mayor costo de transporte debido a que el trabajador para asistir a su nuevo destino tenga que recorrer considerables distancias; asimismo, el desplazamiento o el cambio de asignación signifique la disminución en las horas de descanso, distracción, o implique disgregación familiar para el trabajador. Frente a estas situaciones, el ejercicio del ius variandi será considerado ilegal, arbitrario, caprichoso y lesivo a los derechos del trabajador o de la trabajadora”
- III.3
- CONFIRMAR en todo