SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1064/2017-S1

El Juez Público Mixto e Instrucción Penal Primero de Portachuelo del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2017 de 24 de agosto, cursante de fs. 55 a 56 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: a) La inmediata libertad del accionante; b) Dejar sin efecto la Resolución dictada por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Yapacaní del mismo departamento, debiendo señalar nueva audiencia cautelar para la consideración de aplicación de medidas sustitutivas, tomado en cuenta los elementos desarrollados en la presente sentencia y la jurisprudencia constitucional de la SCP 0495/2016-S3 de 27 de abril; y, c) No se impone costas por ser excusable; bajo los siguientes fundamentos: 1) No obstante de existir otro medio idóneo de defensa, de manera excepcional no se exigirá el cumplimiento del principio de subsidiariedad, por cuanto al ordenarse la detención preventiva del ahora accionante, sin que sea procedente, se afectó el derecho fundamental a la libertad; 2) La Jueza de Instrucción Penal Primero de Yapacaní del departamento aludido, no tomó en cuenta el principio de proporcionalidad y bajo un criterio restrictivo ordenó la detención preventiva sin tomar en cuenta que la imputación formal fue por lesiones graves y leves; siendo que la prueba de alcoholemia del imputado de tutela salío negativa, que el mismo portaba licencia para conducir categoría C y otros elementos favorables, incluso es previsible la suspensión condicional de la pena, ante una eventual Sentencia, aspectos que no fueron ponderados al resolver la situación jurídica del peticionante de la tutela; 3) No se aplicó de manera correcta la previsión establecida en el art. 7 del CPP, al no tomar en cuenta el carácter excepcional en la aplicación de medidas cautelares; ya que, conforme el principio de proporcionalidad la Jueza a quo, debió aplicar lo más favorable; y, 4) La SCP 0495/2016-S3 de 27 de abril, desarrolló otros criterios de interpretación más extensivos y favorables al art. 232 del CPP, basados en los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, siendo deber del juez de control jurisdiccional, tomar en cuenta la situación jurídica del imputado y bajo qué circunstancias se le imputan los cargos; puesto que, la jurisprudencia constitucional tiene carácter vinculante.