AUTO CONSTITUCIONAL 0307/2017-CA

Por memorial presentado el 16 de octubre de 2017, cursante de fs. 87 a 88 vta., el accionante manifestó que es beneficiario de una vivienda social del Programa de Vivienda Social y Solidaria, pero que la misma fue avasallada por Oswaldo Pérez Rivero en el mes de enero de 2014, quien actualmente vive en ella; por lo que, inició un proceso sumario de hecho de acción de reivindicatoria, acción negatoria, mejor derecho propietario, desocupación y entrega de inmueble, proceso que se encuentra en plena ejecución de sentencia con mandamiento de desapoderamiento.

Refiere que, el 3 de agosto del 2014, fue notificado con una carta notariada con intención de resolución de contrato, por supuesto incumplimiento de obligaciones contraídas, sin que haya habido al efecto un proceso en la vía judicial, vulnerando sus derechos contenidos en los arts. 19 y 56 de la CPE.

La Ley 850 y su Reglamento lesionan el art. 123 de la CPE, cuyo precepto establece que la Ley solo establece para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo; por lo que, la mencionada Ley debe aplicarse a los contratos suscritos entre las partes a partir del 1 de noviembre de 2016, y no así a los contratos realizados el 2009 como es el caso del contrato que suscribió, en el que ninguna cláusula dispone que el beneficiario deba cumplir una función social.