SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1148/2017-S2

Geovana Claudia Peñaranda Tito, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 21 a 26 y en audiencia, señalando que: i) El art. 213 del Código Procesal de Trabajo (CPT), establece que las sentencias ejecutoriadas se harán cumplir con el juez de primera instancia, que concederá a la parte perdidosa un plazo de tres días para el efecto. Por su parte el art. 216 del mismo cuerpo legal, prescribe que si transcurridos los tres días para la ejecución de la sentencia, el litigante perdidoso no cumple su obligación, el Juez, librará mandamiento de apremio del ejecutado, en consecuencia, para que se proceda al apremio corporal en materia laboral, debe cumplirse las condiciones contenidas en los preceptos legales aludidos; ii) El Tribunal Constitucional a través de la “SC 0861/2010-R de 10 de agosto”, acogiendo el entendimiento de las “SSCC 0114/2007-R y 239/2003-R”, se ha pronunciado al respecto señalando: “... en ejecución de sentencia el litigante perdidoso debe ser notificado con la conminatoria previamente al cumplimiento de la obligación en el término que le fija, vencido el cual y al no hacer efectiva la misma se dispone su apremio…” (sic); iii) “El art. 137 inc. 5) y II del CPC establece: “cuando se trate de resoluciones que contuvieren conminatorias, se harán por cédula en los domicilios señalados por las partes para los efectos del proceso, a menos de que ellas hubieren sido notificadas personalmente (…) si el caso requiere y existe ocultamiento malicioso y evasivo del obligado, que retrasa indebidamente la ejecución del pago, el juez puede recurrir a medidas coercitivas como la habilitación de días y hora inhábiles con facultad de allanamiento, únicamente con el propósito de hacer cumplir el mandamiento de apremio, pues frente a la actitud dilatoria o que rehúsa el pago la ley ha previsto la figura del apremio en materia laboral, que no es otra cosa que la privación de la libertad hasta que se cumpla la obligación, caso contrario en situaciones de ocultamiento malicioso, el trabajador se vería imposibilitado de ejecutar el mandamiento de apremio y pasaría por alto el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores…” (sic); iv) “En ese sentido la SC 1519/2002-R de 13 de diciembre, citada por la autoridad recurrida, estableció claramente que: ‘La ejecución del mandamiento de apremio es un acto del proceso laboral, realizado en ejecución de sentencia, en mérito de lo que, en principio, debe ser intentada en días y horas hábiles, y únicamente ante el ocultamiento malicioso del obligado o la imposibilidad de cumplir ese acto en horas hábiles, a pedido de parte, el juez podrá ordenar la habilitación de días y horas inhábiles…’’’ (sic); y, v) En el presente caso los accionantes no son perseguidos ilegalmente, toda vez que, el mandamiento de aprehensión emitido en su contra es el resultado del incumplimiento de la conminatoria de pago del total de la liquidación calculada en sentencia, producto de una tramitación laboral demandada por Rider Estefan Escalante Roa, por el pago de beneficios sociales.