SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1234/2017-S1
Fecha: 28-Dic-2017
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Siendo propietarios del predio “Los Petunos” (4 3733 6665 has), mismo que se encuentra ubicado en la provincia Velasco Ñuflo de Chávez del departamento de Santa Cruz, el cual fue saneado, y habiéndose demostrado el cumplimiento de la función económica social (FES) con actividad forestal, esta no fue valorada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) quienes procedieron a declararla como tierra fiscal alegando que los expedientes agrarios sobre los que se sustenta el derecho propietario no correspondería a esos terrenos; es así que, se apersonaron a la convocatoria del INRA al polígono 180 SAN SIM para acreditar su derecho propietario y el cumplimiento de la FES, a lo que se adjuntó documental respaldatoria, la misma que no fue valorada como cumplimiento de la FES concluyendo el INRA que la superficie del predio “Los Petunos” sería posesión ilegal y tierras fiscales.
Una vez notificados con la Resolución Administrativa (RA) 0653/2015 de 23 de abril, activaron demanda contenciosa administrativa, la cual fue admitida y derivada a la Sala Primera del Tribunal Agroambiental, que emitió la Sentencia Agroambiental Nacional S1a 126/2016 de 30 de noviembre; por la cual, declararon improbada dicha demanda contenciosa administrativa y subsistente la Resolución Administrativa antes referida, que declaraba fiscal las tierras que comprenden el predio “Los Petunos”, siendo que la misma cumple la FES con actividad forestal autorizada por autoridad competente, con posesión anterior a 1996.
La vulneración de derechos se dio inicialmente por el INRA, a través de la demanda contenciosa administrativa y posteriormente por parte de las autoridades demandadas a tiempo de confirmar la Resolución Final de Saneamiento impugnada, respecto a la arbitraria calificación de desplazamiento de los expedientes de los Tiluchis y Santa Elena, quienes convalidaron una decisión asumida por el INRA la de no considerar su actividad administrativa, aun habiendo constatado que las bases de las cuestionadas conclusiones de desplazamiento de los predios antes referidos no fueron objetivas además de no dar la certeza de tal decisión que afecta directamente en sus derechos fundamentales.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- i)
- concedió
- II.1.
- II.2.
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- III.2. De la acción de amparo constitucional
- el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna, pues dichos mandatos constitucionales son la base de las normas adjetivas procesales en nuestro ordenamiento jurídico, por ello los tribunales y jueces que administran justicia, entre sus obligaciones, tienen el deber de cuidar que los juicios se lleven sin vicios de nulidad, como también el de tomar medidas que aseguren la igualdad efectiva de las partes
- sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aún más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material
- Fragmento 16
- III.4. Sobre la motivación y fundamentación de las resoluciones en el debido proceso
- Es imperante además precisar que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado
- III.5.
- ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión’
- III.6.
- REVOCAR