SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0042/2017-S1

El 10 de noviembre  de 2016 a horas 9:30, cuando salía con su esposa de la iglesia San Andrés ubicada en las calles Beni y Charcas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, de improviso apareció Juan Silvestre Rodríguez Arauz acompañado de tres servidores públicos policiales, atendiendo supuestamente un caso de estafa, procedieron a privarlo de su libertad, y lo condujeron a dependencias de la FELCC, en cuyas oficinas elaboraron un informe de acción directa y supuestamente lo dejan en depósito sin que para ello cuente con una orden escrita por autoridad competente. Es así que a la presencia de Juan Silvestre Rodríguez Arauz, el servidor público policial Jhonny Villca Chipana, le instruyó pueda sentar su denuncia, mientras que Farid Salazar Ruiz, Jefe de la División Económicos y Financieros de la FELCC, ordenó su inmediato traslado a celdas policiales; cuando su abogado pidió se exhiba la orden de su aprehensión, le dijeron que no existía orden verbal ni escrita, solo el informe de acción directa dirigido a Jorge Fernández Tardío Fiscal de Materia, el mismo que le dijo que no tenía conocimiento del caso.

Ante estas respuestas su abogado quiso verificar su situación con un notario de fe pública, quien no pudo realizar su labor debido a su recarga en sus funciones, razón por lo cual a través de sus familiares obtuvo fotografías que establecen que su persona estuvo en celdas policiales, lo cual pidió sea admitida conforme al principio de verdad material establecido en el art. 180 de la Norma Suprema.