SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0051/2017-S2
Fecha: 06-Feb-2017
denegó
El Juez de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 19/16 de 19 de noviembre de 2016, cursante de fs. 10 a 12., denegó la tutela pretendida bajo los siguientes argumentos: a) En el caso de autos solo se tiene conocimiento de la suspensión con nuevo señalamiento de la audiencia de salida alternativa, ello en virtud a que la única prueba adjuntada a la demanda de acción de libertad es una fotocopia simple de una acta de suspensión de audiencia de salida alternativa de 7 de noviembre de 2016 llevada a cabo ante las autoridades ahora demandadas que se suspendió por inasistencia de la autoridad fiscal, motivo por el cual se emitió un nuevo señalamiento para el 15 de igual mes y año a horas 15:40, por lo que no se infiere otro elemento de convicción que sustente el objeto de la presente acción respecto a la supuesta vulneración de los derechos reclamados sobre el incumplimiento de plazo procesal en la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada; b) No se puede soslayar los actos donde se determine la vulneración del sagrado derecho a la libertad de las personas, sino hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible; en este contexto, la jurisprudencia constitucional en relación al principio de seguridad jurídica refiere que “la actividad judicial procurará por encima de toda consideración garantizar la efectiva protección de sus derechos constitucionales y legales accediendo a una justicia material eficaz logrando una decisión judicial efectiva de principios, valores y derechos constitucionales”; empero, tampoco se puede afirmar la existencia de actos supuestamente vulneradores sin los elementos necesarios de convicción; y, c) El principio de celeridad que fundamenta la jurisdicción ordinaria supone el ejercicio oportuno y sin dilaciones a una justicia pronta y oportuna conforme el mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, bajo la primicia de los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, así como los principios procesales que rigen la justicia ordinaria tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, máxime si está comprendido un derecho fundamental de primer orden como es el derecho a la libertad, así como el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en forma inmediata cumpliendo los plazos procesales, ya que lo contrario constituye la vulneración del derecho a la libertad y demás principios constitucionales consagrados en la Constitución Política del Estado, por lo que existiría lesión del derecho a la libertad si hubiera demora o dilación indebida en los términos señalados; empero, bajo este contexto no se evidencia la vulneración de los derechos demandados.
- Fragmento 1
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- denegó
- II.2
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”
- Fragmento 8
- En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular
- el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida’.
- Fragmento 11
- la jurisprudencia constitucional, ha desarrollado la tipología del habeas corpus, aplicable a la ahora llamada acción de libertad, considerando la existencia de una acción de libertad reparadora, preventiva, correctiva, agregándose posteriormente la restringida, instructiva y traslativa o de pronto despacho.
- al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho’
- Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad»
- la acción de libertad- traslativa o de pronto despacho, constituye un mecanismo procesal idóneo, para concretar el principio de celeridad, cuando esté se encuentre vinculado al derecho de la libertad, y el mismo sea vulnerado por actos dilatorios, que eviten considerar la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”
- el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior del Distrito en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones’.
- una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, éste deberá ser tramitado dentro los plazos previstos por la normativa procesal penal (art. 251 del CPP), es decir, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas
- la jurisprudencia constitucional contenida en las SSCC 1164/2003-R, 0650/2004-R, 0710/2007-R, 0141/2006-R, 0020/2010-R, 0181/2010-R y 0758/2010-R, del Tribunal Constitucional anterior fueron uniformes en señalar que excepcionalmente los jueces y tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional, pueden resolver una acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus- sólo con la prueba aportada por el accionante, o dadas las particularidades del caso, a su sola denuncia, es decir, sin ningún tipo de prueba documental. En este sentido dicha situación se opera cuando la autoridad o persona demandada de acción de libertad pese a su legal notificación con la acción de libertad no comparece a la audiencia, ni remite el informe de ley negando o desvirtuando las denuncias del accionante, generando así en el juez o tribunal de garantías duda razonable sobre la veracidad de los hechos que desemboca en la concesión de la tutela en virtud al principio pro homine.
- en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos».
- el relativo a la carga de la prueba, debe ser interpretado utilizando los criterios de interpretación de los derechos humanos y los principios propios de la Constitución, a efectos de que no se efectúe una interpretación restrictiva que inviabilice, dificulte o imposibilite su efectivización y por el contrario, es deber utilizar una interpretación expansiva que los viabilice.
- En ese orden, es posible concluir que la interpretación de la norma contenida en el art. 68.2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTCP), referido a la carga de la prueba, lleva implícito el principio de inversión de la prueba cuando la prueba que acredite o desvirtúe los hechos denunciados se encuentre en poder del sujeto pasivo de la acción de libertad máxime si este es un servidor público y por tanto cuenta con el deber jurídico de respaldar y explicar sus actos
- III.5. Análisis del caso concreto
- Fragmento 23
- III.6. Otras consideraciones
- REVOCAR en todo