SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0108/2017-S2

El 19 de octubre de 2016, cuando se encontraba almorzando junto a su esposo y sus hijos, en la esquina de su casa, dos policías bajaron de un patrullero y aprehendieron a Edgar Richard Leaño Santiestevez, señalando que tenían una orden de aprehensión en su contra; ese día, se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares, en la cual a pesar de presentar elementos “arraigadores”, el Juez ahora demandado, ordenó su detención preventiva con el argumento que dichos elementos no estaban actualizados.

El 9 de noviembre de ese año, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva, la cual fue fijada para el 24 del mismo mes y año, debiendo hacerse notar que previamente el 21 del mes y año mencionado anteriormente, a instancia de partes se realizó en presencia del codemandado Fiscal de Materia un acta de conciliación con la víctima Guadalupe Campero Aguilar, a la cual se le entregó una suma de dinero, que permitió que el representante del Ministerio Público redacte el acta de conciliación en la cual firmaron todas las partes; sin embargo, fue hasta la realización de la audiencia de cesación a la detención preventiva, que el Fiscal referido no solicitó la homologación del acta de conciliación de 21 de noviembre de 2016, ni menos una salida alternativa que se había manifestado el día que se elaboró el acta.

En la audiencia de cesación a la detención preventiva realizada el 24 de noviembre de 2016, tanto el Fiscal de Materia como el Juez ahora demandados, no tomaron en cuenta el acta de conciliación y el desistimiento de la acción, tampoco el art. 27.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y menos aun los elementos que demostraban que el accionante se sometería al proceso y que no era necesario que se encuentre detenido, situación que se tornaba en un exceso y vulneración al derecho a la libertad y locomoción, al no haber interpretado de forma correcta la excepcionalidad de la detención preventiva, traducida en el principio que proclama las garantías constitucionales, que establecen como regla fundamental la libertad del imputado y como excepción la aplicación de una medida cautelar de carácter personal.