SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0295/2017-S2
Fecha: 03-Abr-2017
denegó
El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Beni, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 01/2017 de 6 de febrero, cursante de fs. 27 vta. a 30, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) De la revisión de actuados se tiene que el accionante al ser sometido audiencia cautelar y realizado el acto procesal , a través de la resolución correspondiente se ordenó su detención preventiva en base a la existencia y probabilidad de elementos establecidos en el art. 233 en relación a los arts. 234 y 235 del CPP; b) Ante las constantes solicitudes de cesación a la detención preventiva, a la autoridad hoy demandada, que habría denegado la solicitud de cesación a la detención preventiva, en base a los argumentos y fundamentos esgrimidos en la resolución de 3 de enero de 2017 y resuelta el 10 del mismo mes y año, mismas que no han sido objeto de apelación para establecer que la Jueza a quo estaría violentando su derecho a defenderse en libertad o en su caso su derecho a la libertad o salud, prueba de ello, ha sido intervenido oportunamente de apendicitis en el Hospital Obrero; c) La causal invocada para la presente acción constitucional, no ha sido señalada específicamente, ni tampoco se ha mencionado cual la lesión o supresión de los derechos y garantías constitucionales vulnerados en contra del hoy accionante, y; d) Con relación a la acción de libertad de pronto despacho, se tiene que los mismos han sido atendidos oportunamente y finalmente no se ha mencionado cual sería la solicitud de pronto despacho o cual situación se resuelva mediante el presente recurso.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.2.3. Intervención del Ministerio Público
- denegó
- II. CONCLUSIONES
- III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- libertad de locomoción
- cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’.
- Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo , precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
- i) Que el acto ilegal sea la causa directa para la restricción o supresión del derecho a la libertad física o personal; y, ii) Que exista absoluto estado de indefensión; es decir, que el accionante no haya tenido la opción de impugnar los actos lesivos.
- La Norma Suprema, en sus arts. 115.II y 117.I, reconoce al debido proceso como un instrumento de sujeción a las reglas del ordenamiento jurídico, en el cual se debe enmarcar la actuación de las partes procesales, siendo la finalidad de este derecho constitucional y garantía jurisdiccional, proteger a los ciudadanos de posibles abusos de las autoridades, que se originen en actuaciones u omisiones procesales o en decisiones que adopten y de las cuales emerja la lesión a sus derechos y garantías, como elementos del debido proceso. Cuando se denuncie su vulneración en cualquiera de sus componentes, corresponderá su impugnación a través de la acción de libertad, cuando esté directamente relacionada con la restricción de la libertad del accionante y se constate la existencia de absoluto estado de indefensión; caso contrario, la denuncia por irregularidades cometidas en el proceso (entendidas como violación al debido proceso), deberán ser reclamadas a través de los medios ordinarios que el ordenamiento jurídico procesal penal prevé, y agotada la jurisdicción ordinaria, en el supuesto de persistir la lesión, se activa la tutela de la acción de amparo constitucional’.
- Bajo dicho entendimiento, para poder tutelar el debido proceso mediante la acción de libertad, debe existir un estado de indefensión absoluta, y el acto acusado de ilegal debe ser la causa para la restricción o vulneración del derecho a la libertad del accionante,
- III.4. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo