SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0410/2017-S1

En virtud a la convocatoria a elecciones sub nacionales, el 29 de marzo de 2015, fue elegido democráticamente por el pueblo de Portachuelo del departamento de Santa Cruz, como Alcalde de dicho Municipio, prestando juramento y posesión de dicho cargo, el 19 de agosto de 2015. Desde el día que ganó las elecciones, fue objeto de persecución a través de una temeraria denuncia penal planteada por el candidato a asambleísta departamental José Luis Chávez Méndez, por los delitos de falsedad material y otros, debido a la supuesta falsificación de su libreta de servicio militar, no obstante de haber concluido el proceso eleccionario en todas sus etapas.

Dentro de dicha investigación, el Fiscal de Materia, formuló acusación formal en su contra, violentando el debido proceso, por cuanto se convalidó una serie de pruebas producidas ilegalmente por quien no es parte en el proceso, tal es el caso de José Luis Chávez Méndez, que incluso interpuso en su contra, una acción de amparo constitucional, en la que el Tribunal Constitucional Plurinacional por SCP 064/2016-S2, revocó y denegó la tutela solicitada por el accionante, que observó “la plena participación activa del denunciante en el desarrollo del proceso penal del cual no es querellante y por ende tiene limitaciones”(sic), declarando que las actuaciones del denunciante al margen de ser indebidas fueron ilegales; en consecuencia y en virtud a dicho fallo constitucional, el 11 de julio de 2016, formuló un incidente de nulidad por defectos absolutos, vulneración del debido proceso, exclusiones probatorias, entre otros, debido a que a partir del 24 de abril de 2015, el denunciante sin ser parte en el referido proceso penal, empezó a actuar y proponer diligencias, al efecto presentó documentos en calidad de prueba sin observación alguna por parte del Fiscal de Materia; asimismo, contestó a los incidentes, excepciones y apelaciones, inclusive planteó una acción de amparo constitucional que como se dijo le fue denegada; por ello en primera instancia el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento referido, restituyendo sus derechos al debido proceso y por ende las exclusiones probatorias, por Auto interlocutorio de 27 de septiembre de 2016, declaró fundado el incidente y anuló obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la presentación de la denuncia y su ampliación, de igual manera dejó sin ninguna eficacia jurídica todos los elementos de prueba que fueron generados u obtenidos a proposición o con la intervención activa del denunciante, dejando vigente toda prueba obtenida por iniciativa del Ministerio Público, Ministerio de Defensa o el Tribunal Departamental Electoral.

Sin embargo, el Tribunal de apelación, en la emisión de su Auto de Vista, al margen de pretender convalidar el acto y prueba generada dentro del aludido proceso penal, que fue declarado nulo por la SCP 0064/2016-S2 surgido gracias a una acción de amparo constitucional interpuesta por el denunciante, recayó en contradicciones, por cuanto las autoridades demandadas, con el único afán de justificar y pretender legalizar los actos ilegales que de forma paulatina se fueron cometiendo en el proceso penal, que no pueden ser susceptibles de convalidación por ningún acto o consentimiento; en base a una supuesta aplicación de principios, revocó y rechazó el incidente formulado, vulnerando de esta forma sus derechos fundamentales al debido proceso en su triple dimensión, defensa y tutela judicial efectiva, consagrados en la Constitución Política del Estado, así como tratados y convenios internacionales.