SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0537/2017-S1
Fecha: 31-May-2017
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante Memorándum 102/2013 de 31 de julio, fue designada como Secretaria de Despacho del Alcalde Municipal de Sorata del departamento de La Paz, desempeñó sus funciones con responsabilidad y eficiencia; por lo que, el 1 de junio de 2015, fue ratificada en el referido cargo por la Alcaldesa ahora demandada; mediante notas y certificados médicos que adjunta a la presente, hizo conocer a la demandada su incapacidad temporal y solicitó que se le otorguen las asignaciones familiares que le correspondían, así como su baja médica; sin embargo, no recibió respuesta alguna; motivo por el cual, el 1 de julio de 2016, solicitó su reincorporación a su fuente laboral y se hizo presente desde el 4 al 9 del mismo mes y año; empero, fue impedida de registrar su ingreso en el control de asistencia biométrico, extremo por el que niega haber abandonado sus funciones así como haber eliminado el registro de correspondencia del equipo de computación que estaba a su cargo, a efectos de probar el último hecho mencionado, adjunta un informe técnico del almacenamiento que manifiesta que no podría haberse eliminado datos de forma deliberada. Asimismo, presentó dos notas de 7 de julio de igual año, ambas recepcionadas el 8 de igual mes y año, en las mismas reiteraba su pedido de asignaciones familiares e informaba que no se le permitía su registro en el biométrico, no habiendo recibido contestación alguna, se dirigió a Gladys Gutiérrez, Presidenta del Concejo Municipal de Sorata, quién tampoco emitió contestación alguna; es así que, ante esta sistemática vulneración de sus derechos como mujer embarazada y madre; y, los de su hijo, recurrió al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, entidad que mediante Cite: D.M.T.E.P.S. – Of. 2056/2016 de 19 de septiembre, se dirigió a la Alcaldesa codemandada, instruyendo su reincorporación laboral a su puesto de trabajo, sin afectar su nivel salarial, así como la restitución de sus derechos sociales en el plazo de cinco días desde su legal notificación; sin embargo, la referida Conminatoria no fue acatada, hecho ante el cual, el 29 del mismo mes y año, junto a su abogado se apersonó al Gobierno Autónomo Municipal de Sorata del mencionado departamento, ocasión en la que el Asesor Legal de dicha entidad le manifestó que en mérito al compromiso verbal realizado con la Alcaldesa debía renunciar a su fuente de trabajo, extremo totalmente falso; debido a que nunca realizó dicho acuerdo verbal; es de esa forma, que la autoridad ahora demandada, en total desobediencia a la determinación asumida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, no procedió con dicha reincorporación y de forma extemporánea envió al Ministro de dicha cartera estatal un informe relatando hechos totalmente falsos.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos presuntamente vulnerados
- a)
- 1)
- i)
- Fragmento 7
- II.4.
- II.9.
- II.10.
- II.13.
- III.
- III.1. Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado boliviano
- Fragmento 14
- III.2. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- El art. 48.VI de la CPE, de manera imperativa garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gravidez y de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumplan un año de edad, precepto relacionando a su vez con la previsión contenida en el art. 60 de la misma Norma Suprema, que establece como deber del Estado, velar por la sociedad, la familia y por la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, deber que comprende la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia.
- la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, comprendió entre los alcances a las servidoras públicas de libre nombramiento, desarrollando un precedente constitucional bajo el siguiente razonamiento: ‘Continuando con el análisis anterior -respecto a la estabilidad laboral de los funcionarios de carrera- es menester remitirnos a lo dispuesto por el art. 233 de la CPE que dice: «Son servidoras y servidores públicos las personas que desempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento», norma constitucional de la que se colige, que no forman parte de la carrera administrativa los servidores públicos de libre nombramiento entre otros, y por lo tanto de acuerdo al art. 7.II inc. a) del EFP, no llegan a gozar del derecho a una estabilidad laboral. Sin embargo, es preciso indicar, que estas normas no deben interpretarse de manera literal, así como tampoco de manera aislada al resto de las normas constitucionales, sino más bien, debe ser entendida en base a una interpretación teleológica y sistemática; puesto que el art. 233 de la CPE, si bien hace una distinción de los tipos de servidores públicos, ello no debe entenderse como una negación absoluta de derechos a aquellos funcionarios que no forman parte de la carrera administrativa, puesto que la negación establecida en el art. 7.II. inc. a) del EFP, debe tener su excepción, en el caso en el que se ingrese a analizar situaciones de grupos vulnerables -que de igual manera pueden tener la calidad de servidores públicos- y merezcan protección especial por parte del Estado, tal como sucede con el caso de las mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, etc.; por lo que a tiempo de aplicar lo dispuesto por el art. 233 de la CPE, se debe realizar previamente, una interpretación sistemática de las normas de la Ley Fundamental, ya que si se omitiera la misma, se correría el grave riesgo de vulnerar derechos fundamentales de las personas, tal como sucedería con el caso de las mujeres embarazadas y los progenitores, debido a que su situación laboral no llega a ser la misma que la de otras personas, esto debido al estado de embarazo o paternidad, en el que se encuentran.
- En este sentido y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado de Bolivia, es amplia, garantista y progresista, que tiende a la protección eficaz y eficiente de los derechos de las personas, así como de las garantías establecidas para el efecto; corresponde indicar, que si bien el art. 233 de la CPE, establece que los servidores públicos de libre nombramiento, no llegan a ser considerados funcionarios de carrera, por haber ingresado a ejercer funciones mediante el procedimiento diferente al establecido para estos últimos, y que por tal motivo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7.II. inc. a) de la EFP, carecen de estabilidad laboral; ello no debe entenderse en un marco de razonabilidad absoluta negativa, sino más bien diferenciada, de acuerdo al grupo de personas de quien se hable y las condiciones especiales que las distingue; es así que en el caso de las mujeres embarazadas que son servidoras públicas de libre nombramiento, deberá entenderse el art. 233 de la CPE, en el marco de lo dispuesto por el art. 48.II y IV de la CPE, así como por los arts. 13.I y 14.III de la CPE; es decir, que si bien la regla llega a ser que en dichos cargos los mencionados servidores públicos, no gozan de estabilidad laboral, por no ser parte de la carrera administrativa; sin embargo, existirá una excepción en ocasión de que se trate de grupos de servidores públicos en estado de vulnerabilidad, los cuales merecen una mayor protección por parte del Estado, tal como sucede con las mujeres embarazadas, padres progenitores, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.
- Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad», puesto que en dicha norma constitucional, se reconoce -sin discriminación alguna- a todas las personas (incluyendo servidores públicos de libre nombramiento)
- Consecuentemente, en aplicación del principio constitucional pro homine, por el cual debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE- permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza.
- El presente criterio constitucional se lo desarrolla, en virtud a que el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene como finalidad la de promover, proteger y respetar los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo lo establecido en el art. 13 de la CPE, garantizando su eficacia y cumplimiento por parte de los particulares y autoridades, en todas las esferas del sector público o privado. Además de que, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 109.I de la Ley Fundamental: «Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección», situación por la cual, en el caso que se analiza es de preferente aplicación las normas constitucionales, por encima de cualquier otra norma inferior, que podría estar en contradicción a la presente resolución.
- III.4. Excepción a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional tratándose de derechos a la vida, a la salud, al trabajo y maternidad.
- Fragmento 23
- III.5. Análisis del caso concreto
- REVOCAR