SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0836/2017-S1

En revisión la Resolución 06/2017 de 8 de abril, cursante de fs. 31 a 39, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Ayala Rocabado en representación sin mandato de Abel Vásquez Rottis contra Brigitte Shirley Zapata Gutiérrez, Jueza Pública Mixta e Instrucción Penal Primera de Tiquipaya del departamento de Cochabamba.

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 15 de marzo de 2017, presentó solicitud de cesación a la detención preventiva, la cual fue atendida el 17 de igual mes y año, por la Jueza demandada, quien señaló que “se tiene presente; sin embargo, se ordena (…) adjuntar todos esos nuevos elementos de prueba (…) conforme lo que prevé el Art. 239.1 del Cpp, (…) con su resultado se preverá lo que corresponda” (sic), condicionando así la programación de audiencia a la presentación de prueba, yendo contra el principio de celeridad.

Pese a lo manifestado el 22 de marzo de 2017, atendió la referida exigencia para viabilizar su pedido; no obstante, mediante providencia de 3 de abril de igual año, la autoridad demandada indicó que debía estar a lo dispuesto en el Auto de 31 de marzo de idéntico año, mismo que determinó la remisión de actuados ante el “juez de sentencia de la localidad de Quillacollo” (sic); es decir, que la Jueza demandada asumió que perdió competencia para llevar adelante la audiencia de cesación a la detención preventiva, sin tomar en cuenta que su proceso no estaba radicado en ningún otro tribunal para que pueda ser atendida su petición, ya que no fue remitida, y que el mencionado pedido vinculado a su libertad fue realizado y recepcionado en el Juzgado a cargo de la Jueza demandada cuando esta tenía absoluta competencia para desarrollar la audiencia solicitada y dar cumplimiento a la segunda parte del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado