SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1011/2017-S3

Cabe también precisar que si bien la jurisprudencia constitucional estableció que no resulta aplicable la subsidiariedad excepcional cuando de por medio existe una denuncia de posible vulneración del derecho a la vida, estableciendo expresamente que: “…el Tribunal Constitucional estableció que los jueces y tribunales de garantías pueden obviar la naturaleza excepcionalmente subsidiaria cuando de por medio se encuentre el derecho a la vida, así la SC 0589/2011-R de 3 de mayo, estableció: ‘…acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intra procesales, para pedir su protección a través de esta medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional’" (SCP 0284/2014 de 12 de febrero), corresponde aclarar que en el caso de análisis alegándose el presunto riesgo del derecho a la vida del hijo menor de edad de la imputada -hoy accionante-, a más de advertirse la activación paralela tanto de la jurisdicción constitucional como ordinaria para el mismo fin -revisión de la aplicación de la medida cautelar impuesta a la ahora accionante-, no se presentó ante esta jurisdicción ningún elemento que haga viable una consideración y eventual tutela del derecho a la vida del menor de edad denunciado como amenazado o en riesgo, limitándose la accionante a hacer referencia sobre ese presunto riesgo de vida, sin exponer ningún argumento que justifique aquello y menos aún demostrar de alguna manera la existencia del referido riesgo que impele a un pronunciamiento por parte de este Tribunal prescindiendo de la activación paralela referida.