SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1033/2017-S2
Fecha: 25-Sep-2017
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Se le inició una acción penal, a denuncia de Elena Marisol Torrez Guzmán, por la supuesta comisión del delito de estafa, que concluyó con imputación formal, y posteriormente se dictó el requerimiento conclusivo de acusación; en mayo de 2016, fue cautelado, y ha transcurrido desde entonces un año y cuatro meses. Luego por voluntad propia, se acogió al procedimiento abreviado y fue sentenciado a cuatro años de condena por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo del departamento de Cochabamba, y al no estar presente la víctima en dicho acto, la Sentencia 25/2017 de 25 de mayo, no pudo ser ejecutoriada.
Afirma que, han transcurrido dos meses desde la emisión de la indicada Sentencia, pero la misma no fue transcrita, pese a las innumerables quejas de forma oral y escrita que hizo, lo que impide acudir a los recursos ordinarios que le franquea la ley, en el caso de causarle agravios; asimismo, hubo retraso en la notificación a la víctima con la Sentencia 25/2017, lo que le impidió acudir ante la autoridad jurisdiccional de ejecución penal, a fin de hacer velar el control respectivo, siendo afectado por tanto su derecho de acceso a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II
- III.1. La acción de libertad y el debido proceso
- cumplimiento de la subsidiariedad excepcional que rige a este tipo de acciones
- la doctrina desarrollada por este Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la acción de libertad cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado, sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional
- en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad
- desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional
- III.2. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo