ENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 0736/2018-S2
Fecha: 31-Oct-2018
II.4.
II.4. Ante la petición de la demandante que se notifique al obligado por edictos con la última liquidación, la autoridad jurisdiccional, mediante proveído de 20 de noviembre de 2014, ordenó al Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), certifique el último domicilio real del demandado, ahora accionante, en cuyo cumplimiento dicha entidad certificó el 2 de diciembre del mismo año, que el actor tenía su domicilio en la calle Francisco Pinaya s/n en Quillacollo, lugar donde se constituyó la Oficial de Diligencias el 13 de enero de 2015, a efectos de practicar la diligencia, recibiendo como información del padre del obligado, que éste hace catorce años no vivía en dicho domicilio; motivando que la demandante, previo juramento de desconocimiento de domicilio, solicite su notificación mediante edictos, petición deferida publicándose los mismos (fs. 47 y vta.; 49; 52 a 53 vta.; 55 a 59).
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción,
- en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”
- En ese sentido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone…”
- no puede modificarse su esencia y ampliar su espectro de acción a aquellos asuntos netamente procedimentales que, aún cuando devengan del área penal, no se hallen en vinculación con el derecho a la libertad; en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.
- en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste -debido proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad,
- III.2. Respecto al deber de asistencia familiar
- III.3. La finalidad de las notificaciones como actos de comunicación y su vinculación con el derecho a la defensa
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- Fragmento 21