SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0764/2018-S2

La Cooperativa de Teléfonos de La Paz (COTEL), formuló denuncia penal en su contra, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión, alegando la falsificación del certificado de egreso de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de 18 de diciembre de 1998, Título Académico de Licenciado en Administración de Empresas de 25 de mayo de 1999 y Título en Provisión Nacional de Administrador de Empresas de 15 de junio del mismo año. Es así, que con referencia al último ilícito señalado, fundan su sindicación en el contrato de trabajo a plazo fijo suscrito con COTEL La Paz; por el cual, lo contrataron como Asesor Administrativo del Consejo de Administración, con una vigencia de tres meses desde el 1 de febrero al 29 de abril de 2011.

Con carácter posterior, también presentaron denuncia penal, la UMSA y el Ministerio de Obras Públicas, por los delitos mencionados, los que fueron imputados formalmente por el Ministerio Público el 7 de junio de 2018, requiriendo su detención preventiva, como medida cautelar de carácter personal; empero, en la referida imputación en la parte de identificación del querellante y víctima, solo consigna a COTEL La Paz, sin incluir a la UMSA y al Ministerio de Obras Públicas, entidades que mediante memoriales fundamentaron la existencia de riesgos procesales, peticionando se le imponga la privación de libertad.

En mérito a la mencionada imputación formal, la autoridad judicial señaló audiencia de medidas cautelares para el 4, 10, 20, y 28 de septiembre y finalmente el 8 de octubre, todas de 2018, que fueron suspendidas; sin embargo, en el primer señalamiento y antes de su realización, su persona planteó la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, que mereció la Resolución 477/2018 de 26 de septiembre, que declaró fundada la excepción con relación a los delitos de falsedad material y ejercicio indebido de la profesión, y subsistente el ilícito de uso de instrumento falsificado; dejando de esta manera esta determinación, sin efecto legal ni validez y eficacia jurídica, el contenido de la imputación formal, respecto a la relación de hechos y su fundamentación jurídica que le imputa y atribuye los delitos de falsedad material y ejercicio indebido de la profesión que fueron extinguidos por prescripción.

Consecuentemente, si el Ministerio Público considera conveniente y procedente conforme a ley, podrá presentar una nueva imputación de forma concreta, detallada y precisa, únicamente por el delito de uso de instrumento falsificado, cumpliendo con las formalidades legales y las SSCC 0760/2003-R de 4 de junio y 0401/2010-R de 28 de junio; por cuanto, no es legal ni procedente realizar una audiencia de medidas cautelares en mérito a una imputación fiscal que contiene hechos y delitos extinguidos por prescripción; circunstancia, por la que solicitó a la Jueza suspenda la audiencia de medidas cautelares señalada para el 28 de septiembre y de 8 de octubre, ambas de 2018 y no fije futuras audiencias, hasta que se subsane conforme a ley la imputación fiscal; sin embargo, la nombrada autoridad judicial demandada infringiendo el debido proceso persiste en mantener con vigencia legal la imputación fiscal, que contiene hechos y delitos extinguidos por prescripción, para en mérito a la misma, realizar dicho actuado procesal y de esta forma en vía de hecho, concretizar su detención preventiva.