SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0008/2018
Fecha: 14-Feb-2018
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
Ante la interposición de la demanda preliminar de reconocimiento de firmas y rúbricas por parte de Gregorio Castillo Velásquez contra Feliza Huras Mamani, la Jueza Agroambiental del departamento de La Paz en conocimiento de la misma, se declaró incompetente en razón de materia, motivo por el que remitió obrados a la jurisdicción ordinaria, recayendo la causa ante el Juez Publico Civil y Comercial Decimocuarto del señalado departamento, quien de igual forma declaró su incompetencia para conocer el referido proceso, alegando la existencia de conflicto negativo entre la jurisdicción agroambiental y la ordinaria, por lo que ordenó la remisión de obrados ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, a efecto de que determine cuál de ellas es competente para resolver la causa.
Acorde a lo señalado, al Tribunal Constitucional Plurinacional le corresponde resolver el conflicto negativo de competencias suscitado entre la jurisdicción agroambiental y la ordinaria en materia civil, ambos del departamento de La Paz, para determinar cuál de las autoridades es la competente para dilucidar la demanda en la vía de diligencia preparatoria sobre reconocimiento de firmas y rúbricas.
- incompetencia
- incompetente
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 10
- por su parte, el art. 69.2 en concordancia con el art. 69.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), otorga competencia a los juzgados públicos en materia civil y comercial para conocer: '…demandas orales o escritas en pretensiones personales, reales y mixtas sobre bienes inmuebles, muebles, dinero y valores…'; en cambio, el art. 39.8 de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (LSNRA), modificado por el art. 23 de la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006, otorga a los jueces agrarios -ahora agroambientales- la competencia de 'Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria'
- '…a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios…'
- debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional, sin embargo este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado cuando en el art. 397.I establece que: 'El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad'. En este sentido la función social está definida en el art. 397.II de la norma fundamental '
- concluir que para dirimir la controversia competencial entre la jurisdicción ordinaria y jurisdicción agroambiental en razón de materia sobre la delimitación de la competencia en acciones reales, personales y mixtas sobre bienes inmuebles en el área urbana o rural
- por lo mismo, este entendimiento se mantiene firme, claro está, complementado y modulado con el asumido en la SC 0378/2006-R.
- 1)
- sostiene que la Ordenanza Municipal homologada por Resolución Suprema no puede ser un único criterio rector
- discernimiento que como se tiene apuntado precedentemente no condice con los mandatos de los arts. 136, 165 y 166 de la CPE, puesto que la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código civil y la competencia será de los jueces ordinarios;
- 2)
- III.2. Análisis del caso concreto
- COMPETENTE