SCP 0153/2018-S1

Asimismo, la SC 1039/2010-R de 23 de agosto, asumió el siguiente entendimiento:”…Por lo señalado, (…) se infiere que la acción de amparo, es un mecanismo sencillo, rápido y efectivo para la protección de Derechos Fundamentales no tutelados por otros recursos específicos, en ese contexto, esencialmente la rapidez como característica del principio de inmediatez se encuentra circunscrita al plazo de seis meses para su interposición, criterio plasmado en el art. 129.II de la Constitución Política del Estado (CPE), en ese contexto, se tiene que el derecho para la petición de tutela constitucional a través de la acción de amparo fuera del citado plazo caduca, razón por la cual el órgano contralor de constitucionalidad no puede ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada” (las negrillas y el subrayado son agregados).

En ese sentido, este cómputo del plazo máximo de seis meses para la formulación de la acción de amparo constitucional, de acuerdo a su naturaleza jurídica, no se interrumpe cuando se cumple la vacación judicial anual (AC 0235/2014-RCA de 15 de septiembre), si esto es así, mucho menos podría suspenderse días y horas inhábiles, por ello y con el fin de garantizar la continuidad del servicio de la administración de justicia, se establecieron el funcionamiento de juzgados y salas de turno, por un lado; por otro lado, la SCP 1880/2012 de 12 de octubre y el AC 0095/2011-RCA de 10 de marzo, citados por el AC 244/2014 de 17 de septiembre, asumieron el siguiente entendimiento: « “…en primera instancia se debe tener en cuenta la situación extrema del vencimiento de un plazo perentorio, y la imposibilidad material de su presentación ante los jueces o tribunales, así como una situación de fuerza mayor que impida el normal desarrollo de la actividad jurisdiccional, hecho del cual se debe dar certeza. En segundo lugar, -ante esa situación extrema-, se debe acudir necesariamente al domicilio del secretario o actuario del juez o tribunal donde se sustancia la causa; claro está, si es que se conoce éste; empero, si ello no es así o siendo buscado no es habido, recién se habilita la posibilidad de acudir alternativamente ante un funcionario judicial de otro juzgado (…)”. Es importante precisar que, la jurisprudencia citada con meridiana claridad establece que, la circunstancia de fuerza mayor que impida u obstaculice el normal desarrollo de la actividad judicial debe ser debidamente acreditada.

En consecuencia, recibida la demanda, el funcionario receptor (secretarios o notarios de fe pública), tiene la obligación indeclinable de llevar la demanda a la autoridad judicial competente o en su caso al funcionario encargado de efectuar el sorteo y la asignación de la causa, a primera hora (horario laboral) del día siguiente hábil. Obrar así, implica cumplir con el principio de celeridad en la administración de la justicia constitucional, previsto en el art. 3.11 de la LTCP».