SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0118/2018-S4

El abogado en representación del impetrante de tutela se ratificó en su demanda y ampliándola señaló lo siguiente: i) El 16 de noviembre de 2012, Mariela Amparo Gutiérrez Vásquez, Jueza Pública Mixta Segunda e Instrucción (Plan 3000), en suplencia legal de su similar Primero del departamento de Santa Cruz, ordenó la detención preventiva de Daniel Zapata Ortíz   –hoy accionante–, en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, por el delito de robo agravado; y,                   ii) Habiéndose sometido a un procedimiento abreviado, el 12 de diciembre de 2014, el accionante aceptó la pena de tres años de reclusión en el referido Recinto Penitenciario, sentencia condenatoria firmada por Nuria Marietka Lino Hurtado, Jueza Pública Mixta Primera e Instrucción Penal (Plan 3000) del departamento de Santa Cruz –hoy demandada–, manifestando además haber cumplido su condena y que se encuentra detenido de manera ilegal por más de cinco años.

De la revisión de antecedentes respecto a la problemática expuesta por el hoy accionante, se tiene que: i) Se sometió a audiencia conclusiva de procedimiento abreviado el 12 de diciembre de 2014, en la cual se le impuso una sentencia condenatoria de tres años de reclusión en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, por el delito de robo agravado (Conclusión II.1.); ii) Conforme a certificación de permanencia y conducta, se evidencia que el accionante se encuentra con detención por más de cuatro años (Conclusión II.2.); iii) Mediante oficio de 13 de abril de 2015, el Juez de Ejecución Penal Primero del departamento de Santa Cruz, solicitó se remita a su despacho el mandamiento de condena (Conclusión II.3.); iv) Por oficio de 17 de noviembre de 2017, el Juez de Ejecución Penal Primero, al no tener respuesta de la anterior solicitud, reitera remisión de mandamiento de condena a su despacho a efectos de subsanar lo observado. (Conclusión II.4.); y, v) El 24 de noviembre de 2017, la Jueza Pública Mixta de Instrucción Penal Primera (Plan 3000) del departamento de Santa Cruz, remite al Juez de Ejecución Penal Primero del mismo departamento el mandamiento de condena.

De lo expuesto se concluye, que a pesar de que el Juez de Ejecución Penal Primero solicitó en reiteradas oportunidades la remisión del mandamiento de condena, la autoridad demandada incumplió de manera negligente con no dar la debida celeridad para que dicho Juez, proceda conforme corresponda ante el reclamo del accionante, negligencia que deriva en una dilación y demora indebida que implica que la situación jurídica del peticionante de tutela se encuentre en incertidumbre respecto a su alegado cumplimiento de condena y su solicitud de mandamiento de libertad, por lo que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde activar este mecanismo de protección constitucional bajo la modalidad de pronto despacho, debiendo concederse la tutela solicitada conforme lo argumentado.