SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0149/2018-S4
Fecha: 16-Abr-2018
a)
María Cristina Montesinos Rodríguez y Julio Alberto Miranda Martínez, Vocales de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante informe escrito de 8 de diciembre de 2017, cursante de fs. 61 a 63 vta., señalaron lo siguiente: a) Sobre el requisito sustancial del art. 233.1 del CPP, el imputado no comprobó en audiencia no ser partícipe o autor del hecho querellado; b) En cuanto al riesgo procesal de fuga establecido en el art. 234.1 y 2 del referido Código, el imputado al adjuntar los certificados de nacimiento y matrimonio acreditó contar con una familia constituida; empero no demostró con documentación idónea tener domicilio y trabajo; c) Sobre el numeral 4 del art. 234 del mismo cuerpo legal, se tiene que existe otra denuncia por otro hecho similar en su contra como consta en el sistema i3P del Ministerio Público; d) Respecto al numeral 10 del art. 234 del ya citado código, no se probó que el procesado no sea un peligro para la sociedad, puesto que cursan en el legajo de apelación, antecedentes sobre la existencia de victimas múltiples; e) En relación al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.1 del mismo cuerpo legal, se estableció que este riesgo no concurre, toda vez que, se desconoce las sumas y el paradero de los montos depositados cuyos recibos constan en el expediente, creándose duda sobre la concurrencia de este numeral; y, f) En cuanto al art. 235.2 del mencionado Código, al estar el imputado en libertad puede influir negativamente en el juicio, testigos y otros, siendo que la investigación no concluyó y existen otras personas investigadas.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2. Audiencia y resolución del Juez de garantías
- a)
- 1)
- i)
- I.2.4 Intervención del Ministerio Público
- denegó
- II.1.
- II.2
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 13
- no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.
- el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las 10 circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
- 'La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria
- el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya 11 procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.
- deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP‴
- III.2 Análisis del c
- CONFIRMAR