Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

Sentencia Constitucional Plurinacional 0186/2018-S1 de 11 de mayo

Fecha: 11-May-2018

I.

El accionante, denuncia que se vulnero sus derechos a la libertad irrestricta, al trabajo y a una justicia pronto, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, las autoridades judiciales demandadas no remitieron el recurso de apelación incidental interpuesto contra la Resolución de 24 de noviembre de 2017, que denegó su solicitud de modificación a la detención domiciliaria; incumpliendo el plazo establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).

CONFIRMAR en parte
1° CONCEDER
3° Llamar la atención
I.
3° Llamar la
Con dicha orden se practicará la citación, personal o por cédula, a la autoridad o a la persona denunciada,
y que se practique la citación -personal o por cédula- a las autoridades codemandadas, deduciéndose que con relación a este último acto procesal, la sumariedad del trámite instituida por la propia Norma Suprema con relación a esta acción, no descuide el derecho a la defensa que involucra dicha citación, con relación a la persona o autoridad demandada.
La citación con el recurso y el auto de admisión, tiene vital importancia para la sustanciación de las acciones tutelares, por cuanto, al igual que en otro proceso judicial tiene la finalidad de poner en conocimiento del o los recurridos los hechos denunciados y los fundamentos expuestos por el recurrente, a objeto de que el recurrido pueda asumir su defensa al tiempo de presentar el informe con relación a los hechos denunciados, defensa que consistirá en desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho expresados por el recurrente, presentar las pruebas que demuestren la legalidad de los actos denunciados de lesivos de los derechos fundamentales. Entonces, si bien es cierto que, dada la naturaleza jurídica de las acciones tutelares y su tramitación sumarísima se prescinden de algunas formalidades procesales para la citación cedularia, no es menos cierto que la citación debe cumplir con su finalidad de hacer que el recurrido tome conocimiento material del recurso; pues de contrario se vicia de nulidad la actuación procesal»…
Así también, la SCP 0271/2012 de 4 de junio, en el conocimiento de una acción de amparo constitucional, sostuvo respecto del instituto de la citación que: «Con relación a esta exigencia queda involucrada la garantía constitucional a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a la defensa, consagrado en el art. 115 de la CPE, que indica: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta y oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’, a partir de lo que se establece que la naturaleza de la citación surge del derecho a la defensa, como derecho fundamental amparado en el art. 119 de la CPE, que señala: ‘Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa…’. Por lo cual, debe resaltarse la importancia en todos los órdenes jurisdiccionales de la efectividad de los actos de comunicación procesal, y en particular el de la citación, a través del cual el órgano judicial pone en conocimiento de quienes ostentan algún derecho o interés la existencia misma del proceso, dada la trascendencia que estos actos revisten, para garantizar el principio de contradicción que integra el derecho a la tutela judicial efectiva.
De lo expresado anteriormente y conforme a la doctrina y jurisprudencia citadas, se concluye que el instituto de la citación es inexcusable y debe cumplirse indefectiblemente por parte del juzgador y en la forma que mejor asegure el conocimiento material del contenido de la demanda…»”’
II.2. Lo resuelto por la
II.
tiene vital importancia para la sustanciación de las acciones tutelares; por cuanto, al igual que en otro proceso judicial tiene la finalidad de poner en conocimiento del o los demandados los hechos denunciados y los fundamentos expuestos por el accionante, a objeto de que pueda asumir su defensa