SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0280/2018-S3
Fecha: 11-Jun-2018
Fragmento 1
El 7 de junio de 2017, presentaron querella contra Ramiro Pavel Veizaga Sempertegui, Lizeth Aurora Cruz Zambrana y Rodolfo Rosas Ordoñez, por la presunta comisión del delito de estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del Código Penal (CP), que fue desestimada a través de Requerimiento Fundamentado de Desestimación de Denuncia de 8 del mismo mes y año, emitido por Zaida Cecilia Vargas Subia, Fiscal de Materia; determinación que una vez impugnada fue remitida al Fiscal Departamental de Oruro -ahora demandado- el 26 del precitado mes y año, habiendo transcurrido más de seis meses sin que la autoridad referida haya emitido pronunciamiento alguno, pese a una serie de solicitudes que fueron presentadas a fin de conocer el resultado de la impugnación efectuada, omisión que limitó y puso en evidente detrimento su derecho a la petición y acceso a la justicia, puesto que su falta de resolución no permite dar continuidad a la persecución criminal instaurada contra los nombrados precedentemente.
- Fragmento 1
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- denegó
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Alcances y ámbito de protección del derecho de petición
- en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho.
- este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad.
- el mismo sea un vehículo para el ejercicio de otros derechos que requieren de la información o la documentación solicitada para su pleno ejercicio; por tal motivo, la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable.
- que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley”
- debiendo incluso poner a conocimiento del peticionante el resultado positivo o negativo de su solicitud, elementos que hacen a la real configuración del derecho objeto de análisis”
- III.2. En cuanto al cometido del Ministerio Público
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- III.3. Análisis del caso concreto
- que asegure su conocimiento y/o por el medio que la interesada o el interesado expresamente haya aceptado o propuesto
- REVOCAR