AUTO CONSTITUCIONAL 0275/2019-CA

Al ser una de las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, el ejercer el control de constitucionalidad, está facultado de realizar el análisis de compatibilidad, de toda la norma jurídica incluida en una ley, decreto o cualquier género de resolución no judicial, con el objeto de declarar su inconstitucionalidad de ser contraria a la Norma Suprema; en tal sentido, como se tiene descrito en el Fundamento Jurídico II.2 de este Auto Constitucional, corresponde analizar si en el presente caso concierne el rechazo o admisión de la acción de inconstitucionalidad concreta, conforme lo establece el art. 83.II del CPCo.

Bajo dicho marco, se advierte que la acción de inconstitucionalidad concreta planteada por Marianela Montenegro De La Zerda de Pessoa al demandar la inconstitucionalidad del art. 377.I del CPC, por ser presuntamente contraria a los arts. 8. II, 46.I, 115 y 180.I de la CPE, no expuso aquellos razonamientos jurídico-constitucionales que justifiquen una eventual admisión y posterior análisis de compatibilidad en el fondo, pues el precepto y parágrafo cuestionado, simplemente fue transcrito en su totalidad, sin que se haya explicado la razón de su presunta inconstitucionalidad, mucho menos se realizó una contraposición respecto de aquellos preceptos constitucionales que fueron identificados como quebrantados, al contrario únicamente se hizo cita de algunas sentencias constitucionales sin establecer la vinculación con el precepto aludido de inconstitucional, además de haberse expresado que el art. 377.I del CPC sería inconstitucional al no exigir la comprobación de la existencia del contrato verbal y su cumplimiento en un proceso preliminar anterior mediado de audiencia pública; vale decir que, no existe un razonamiento racional, objetivo y suficiente que denote argumentación jurídica sobre la presunta inconstitucionalidad del art. 377.I del CPC; por su parte en el AC 0399/2014-CA de 18 de noviembre, se señaló que: “…toda demanda de inconstitucionalidad concreta, debe contener una carga argumentativa racional y suficiente, en la medida que el Tribunal Constitucional Plurinacional, adquiera una duda razonable sobre la incompatibilidad con el texto constitucional”; es decir que, de no existir fundamentación jurídico-constitucional en la medida de generar duda razonable sobre la constitucionalidad del precepto supuestamente contrario a la Norma Suprema, no existe justificación para una decisión en el fondo, lo que acontece en el presente caso que por carencia absoluta de fundamentación jurídico-constitucional conlleva al rechazo de la acción de inconstitucionalidad concreta, aplicando lo previsto en el art. 27.II inc. c) del CPCo.