DECLARACIÓN CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0081/2019

Los yura somos un pueblo de origen milenario, nuestra historia se remonta a los tiempos de los señoríos Aymara; mucho antes del Incario y la Colonia, el territorio yura fue parte del señorío Wisijsa, de la Confederación Charcas - Qaraqara, a su vez esta Confederación llegaría a constituirse, en la época colonial, en parte de la provincia de los Charcas y en la época republicana en los departamentos actuales de Potosí, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca.

A partir de la gestión de nuestras autoridades nos dotamos de estrategias para mantener nuestro territorio e identidad cultural, ya en el proceso colonial, con las reformas toledanas ‘de las reducciones’ intentaron desestructurar nuestras formas de organización indígena; en este sentido, recreamos nuestra identidad territorial, nuestras formas organizativas y rituales en el Jatun Ayllu Yura. Posteriormente ya en el período republicano a través de la Ley de ex vinculación se intentó nuevamente el avasallamiento a nuestras tierras, las autoridades indígenas a través de la gestión territorial preservaron nuevamente nuestra identidad y territorio. En el período revolucionario del ´52 a partir de la modernización del Estado boliviano la discusión del mundo agrario rural de Bolivia pasó del concepto de territorio al concepto de tierra, lo que indujo a una reinterpretación del problema agrario en Bolivia que se consolidó con la revolución del 52; políticamente en este período el sindicato agrario comenzó a tener una presencia de reivindicación de la tierra antes que del territorio, determinando que la problemática originaria en términos de reivindicación de territorio sea postergada; en este proceso los yura mantuvimos intacta nuestra identidad territorial y estructura orgánica desde la visión andina. En el período neoliberal y como fruto de la crisis del modelo revolucionario del ´52 transitamos de la estrategia de defensa de nuestro territorio e identidad cultural a una estrategia de propuesta política de reivindicación territorial y de integración a la vida del país.

A partir de la década de los ´90 y como fruto de las movilizaciones indígena/originarias (marcha por el territorio y la dignidad) iniciamos un proceso de gestión para reconstituir orgánica y territorialmente nuestra identidad cultural aprovechando las oportunidades jurídicas como la reforma a la Constitución Política del Estado de 1994 (Artículos 1 y 171), Ley de Participación Popular, la Ley INRA, Ley de Reforma Educativa y otras; que sirvieron para constituir el Distrito Municipal Indígena como un elemento fundamental para la planificación y gestión territorial complementada con la seguridad jurídica a través de la dotación legal de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) y la implementación del Plan Educativo Indígena (PEI).