AUTO CONSTITUCIONAL 0311/2019-CA

Teresa Zárate Rivas, Fiscal Investigadora de la Dirección del Régimen Disciplinario de la Fiscalía General del Estado, mediante memorial presentado el 28 de noviembre de 2019, cursante de fs. 33 a 35, manifestó lo siguiente: a) Se demandó la inconstitucionalidad del art. 64, “apartado c), parte y/o punto cuarto” (sic) del Reglamento de Régimen Disciplinario; debido a que, supuestamente vulnera flagrantemente los arts. 13, 115, 117 y 256 de la CPE; b) El accionante señaló que planteó los incidentes de nulidad del auto de apertura de juicio administrativo y del sumario, así como la excepción de falta de acción en la audiencia sumaria; sin embargo, el único incidente formulado, se encuentra relacionado a la nulidad del proceso por falsedad del informe, pronunciado por el Fiscal de Materia - Inspector de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación de la Fiscalía General del Estado; evidenciándose que no obra con lealtad ni seriedad frente a una acción constitucional; c) A partir del art. “61” del Reglamento de Régimen Disciplinario, explicó detalladamente las incidencias del proceso disciplinario, y es precisamente en el periodo probatorio de diez días que las partes podrán recabar y ofrecer las pruebas necearías, útiles y pertinentes que sirvan para fundar su acusación, o en su caso su defensa; es decir, que se puede alegar de manera amplia y sin ninguna restricción todos los hechos, argumentos o elementos que considere necesarios, aunque no sea a través de una excepción, los cuales en el marco de un debido proceso deben ser resueltos en su integridad por la Autoridad Sumariante; d) No obstante, el Fiscal de Materia procesado, tiene la posibilidad de recurrir ante el Fiscal General del Estado haciendo uso del recurso jerárquico, y en efecto no se puede hablar de afectación al debido proceso en ninguna de sus vertientes; y, e) Se colige que el accionante utiliza esta acción normativa, simplemente para dilatar el curso del proceso disciplinario, dado que la norma impugnada no afecta el derecho a la defensa de los procesados disciplinariamente; y por ende, no es contrario a ninguno de los preceptos constitucionales invocados; solicitando en consecuencia, no promover la acción normativa planteada.