SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0171/2019

Elsa Cabrera Mamani, Jueza de Instrucción Penal Quinta de la Capital del departamento de Oruro, no concurrió a la audiencia pese a su legal notificación cursante a fs. 9; empero, presentó informe escrito corriente a fs. 13 y vta., donde señaló que: 1) El 26 de noviembre de 2018, celebró la audiencia de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido por el Misterio Público a instancia del Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI) contra Max Rolando Terceros Balladares, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, disponiendo la detención preventiva del imputado en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro; 2) El abogado del ahora solicitante de tutela, interpuso apelación incidental y si bien el legajo debe remitirse dentro del plazo de veinticuatro horas al Tribunal de alzada; empero, su incumplimiento no es atribuible a su despacho, dado que la audiencia duro más de seis horas y ésta debe ser transcrita; sin embargo, el Auto Interlocutorio de manera física ya se encontraba realizada el 27 del citado mes y año a horas 18:30, aproximadamente; 3) El imputado no proveyó el material simplemente demostró que tenía la intención; y, 4) El día de celebración de la audiencia de acción de libertad, también se tenía programada otra audiencia a horas 15:00, siendo el motivo por el cual no se remitieron las carpetas

           Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo^[1] establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

           Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

           De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la   SCP 0281/201[2] de 4 de junio², señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre^[3] y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

           En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita,          el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas         por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del (Código de Procedimiento Penal (CPP); decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.