REVOCAR
La suscrita Magistrada, no comparte la decisión adoptada en la SCP 0258/2019-S1 de 15 de mayo, que resolvió: REVOCAR la Resolución 28/2018 de 20 de diciembre, cursante de fs. 30 a 35 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
Expuesta la problemática, la SCP 0258/2019-S1 de 15 de mayo, resolvió REVOCAR la Resolución 28/2018 de 20 de diciembre, cursante de fs. 30 a 35 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
Al respecto, la suscrita magistrada expresa su desacuerdo con la decisión adoptada; toda vez que, en mérito a que la parte accionante alegó ser de la tercera edad, es decir parte de un grupo vulnerable, en principio se debió aplicar el Fundamento Jurídico de la excepción a la subsidiariedad, para luego ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, máxime si el impetrante de tutela reclamó también la lesión del derecho a la vida, supuesto en el cual también amerita el análisis de fondo a fin de verificar en este caso si la Resolución 56/2018, se encuentra debidamente fundamentada y motivada.
En relación al “anuncio” del recurso de apelación incidental realizada en la audiencia de cesación a la detención preventiva, conforme los antecedentes y el acta de audiencia de la presente acción de libertad, se advierte que no fue materializado el mismo, entre otros motivos por la vacación judicial, al efecto no puede argumentarse la activación simultánea de dos jurisdicciones como es la ordinaria y la constitucional, porque tal como se tiene precisado, de actuados se verificó la no efectivización de la impugnación por los motivos expuestos.
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- II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DISIDENCIA
- la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes»
- «…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva».
- la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar…»
- al finalizar dicho actuado se evidencia que el ahora impetrante de tutela, anunció la interposición de recurso de apelación contra la Resolución emitida
- II.3. Análisis del caso concreto
- a)
- 1)
- CONFIRMAR