SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0250/2019-S4

Consecuentemente, para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión al derecho de petición, es exigible: a). La existencia de una petición oral o escrita; 2). La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y 3). La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”.

         Pues si bien, la autoridad demandada, a través de sus representantes legales, alega que sí hubiese dado respuesta a todas las notas presentadas por el impetrante de tutela, adjuntando copia de las mismas al legajo correspondiente a la presente acción tutelar; sin embargo, tal como reconocen en la misma audiencia llevada a cabo ante el Juez de garantías, ninguna de dichas respuestas fue de conocimiento del peticionante; pese a que, conforme al desarrollo efectuado por la jurisprudencia constitucional, el contenido esencial del derecho citado, se encuentra en: a) El derecho a formular una petición escrita u oral y a obtener una respuesta formal, pronta y oportuna; b) El derecho a que la respuesta sea motivada y que se resuelva materialmente el fondo de la petición, sea en sentido positivo o negativo; c) El derecho a que la respuesta sea comunicada al peticionante formalmente; y, d) La obligación por parte de la autoridad, o persona particular de comunicar oportunamente sobre su incompetencia, señalando cual la autoridad o particular ante quien el peticionante debe dirigirse. Asimismo este Tribunal Constitucional Plurinacional, determinó que constituyen presupuestos para que la justicia constitucional ingrese al análisis de fondo de la presunta lesión de este derecho cuando se evidencia: 1) La existencia de una petición oral o escrita; 2) La falta de respuesta material en tiempo razonable; y, 3) La inexistencia de medios de impugnación expresos que puedan hacer efectivo el reclamo de este derecho. Por lo que cabe precisar, que todas las autoridades demandadas independientemente, deben pronunciar una respuesta a las solicitudes planteadas por el accionante, resolviendo el fondo de sus peticiones.

         En ese contexto, se concluye, que no obstante que el accionante formuló reiteradas peticiones escritas, y que le asistía el derecho a obtener una respuesta motivada, formal, pronta y oportuna; y a que la misma le sea comunicada formalmente, la autoridad demandada no cumplió con su obligación de comunicarle con las supuestas respuestas otorgadas; vulnerando su derecho de petición.