SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0266/2019-S3

Dentro del proceso penal seguido a instancia suya contra Román Vargas Aira por la supuesta comisión del delito de lesiones graves, el 12 de julio de 2018 se instaló la audiencia de consideración de medidas cautelares para definir la situación procesal del aludido, misma en la que se demostró la concurrencia del art. 233.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), existiendo suficientes elementos para presumir la probabilidad de autoría; en cuanto a los riesgos procesales solamente se dio por acreditado el art. 235.2 de la mencionada norma legal, advirtiendo una incorrecta valoración de las literales que avalaron la existencia de un trabajo y un domicilio, ya que este último solamente habría sido demostrado con una declaración notarial de la supuesta propietaria quién manifestó que el imputado es su cuidador, adjuntando a su vez un verificativo domiciliario realizado por funcionario policial, documento que no consignó quién tiene el derecho propietario del bien donde habita, amparándose en los mismos argumentos presentó recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio que otorgó medidas sustitutivas a favor del prenombrado.     

Los Vocales de la Sala Penal “Segunda” del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de Auto de Vista de 4 de septiembre de 2018, revocaron en parte el Auto Interlocutorio impugnado, reconociendo que la documentación presentada para demostrar que contaba con una actividad lícita es insuficiente, teniendo por concurrente el art. 233.1 y 2 del CPP; por otra parte, confirmó la acreditación de domicilio, señalando que si bien no se presentaron requisitos que la parte recurrente extraña, existió un verificativo de domicilio realizado por funcionarios policiales, cuya inspección y placas fotografías acreditaron la existencia de domicilio, su ocupación, habitabilidad y habitualidad.