SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0221/2020-S4

Patricia Torrico Ortega y Pablo Antezana Vargas, Vocales de la Sala Penal Primera y Cuarta, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba., mediante informe escrito presentado el 15 de octubre de 2019, cursante de fs. 41 a 42 vta., señalaron que: i) Se remitió ante la Sala Penal Segunda del referido Tribunal, la apelación incidental interpuesta por el Ministerio Publico y la parte denunciante contra el Auto Interlocutorio de 18 de septiembre de 2019, que dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva a favor del ahora accionante; ii) Por Auto de Vista de 11 de octubre del mismo año, se declaró procedente en parte la apelación referida, disponiendo que el imputado cumpla la medida de detención preventiva en el Centro Penitenciario Sacaba de Cochabamba; iii) En el caso presente, el impetrante de tutela, no especificó ni fundamentó en su demanda, de qué manera el Tribunal de apelación lesionó sus derechos constitucionales con la emisión del Auto de Vista emitido; y, iv) La citada Resolución explicó de manera clara las razones por las cuales determinó que el imputado cumpla la medida cautelar de detención preventiva, considerando además que el Tribunal revisó los antecedentes y no evidencia la existencia de elementos de convicción que lleven a la convicción de que hubiera un estado de peligro o riesgo inminente para la vida y seguridad del ahora solicitante de tutela.

El solicitante de tutela a través de su abogado, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación y valoración de la prueba, vinculados a la libertad y a la vida, ya que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público y otros, por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias y concusión, los Vocales ahora demandados, emitieron el Auto de Vista de 11 de octubre de 2019, por el que revocaron la determinación de la Jueza a quo, que dispuso la aplicación de medidas sustitutivas en su favor y ordenaron su detención preventiva; sin embargo, al dictar dicha Resolución: i) Incurrieron en la falta de valoración razonable de las pruebas que presentó, para acreditar que su vida corría riesgo de ser detenido preventivamente, lo que derivó en una falta de motivación y fundamentación al respecto; ii) No plasmaron en el acta ni en el Auto de Vista referido, la actividad intelectiva correspondiente a efectos de asumir la decisión de su detención preventiva; iii) Los Vocales señalaron en su decisión que primaba la potestad reglada para disponer la detención preventiva, sin haber considerado su petición de aplicar el test de proporcionalidad; y, iv) Transcurridas veinticuatro horas de su detención en el Centro Penitenciario Sacaba de Cochabamba, fue agredido físicamente por otro interno del recinto penal, lo que demuestra que la valoración de los elementos de prueba y el razonamiento de los Vocales ahora demandados no fue correcto, provocando un riesgo inminente a su vida, de continuar detenido en el señalado Centro Penitenciario.

De la misma manera, el impetrante de tutela, una vez emitido el Auto Interlocutorio que dispuso la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva en su favor, de forma oral interpuso recurso de apelación contra dicha determinación, cuyos argumentos y agravios fueron expuestos y fundamentados en la audiencia de apelación el 11 de octubre, según consta en el acta cursante de fs. 93 a 95, alegando los siguientes puntos de reclamo: i) En cuanto al art. 233.1 del CPP, la Jueza de la causa llegó a cuatro conclusiones que vulneraron el orden constitucional; puesto que, estableció que la conducta desplegada por el imputado se subsumió al tipo penal descrito en el art. 146 del Código Penal (CP), cuando esta norma exige que la conducta ilícita se debe valer de un cargo a través del cual obtener un beneficio; sin embargo, la autoridad jurisdiccional no señaló de qué forma su persona como imputado se valió de su cargo, puesto que la imputación formal es genérica, existiendo una errónea tipificación en su conducta que únicamente se configuraría como un encubrimiento; asimismo, tampoco estableció cual sería el beneficio que habría obtenido, lo que lleva a establecer que el ilícito atribuido no se configura en su conducta; ii) Respecto a la subsunción del delito de concusión, el mismo no tiene sustento probatorio, ya que este ilícito exige que exista un abuso de condición o funciones, así como la obtención de un dinero o ventaja, por tanto la Resolución de la Jueza a quo no señala de qué manera concurren estos elementos constitutivos; por lo que, existe error de tipificación; iii) En relación al art. 234.1 del CPP, lo determinado por la Jueza de primera instancia, en sentido de que no se acompañó un reconocimiento de firmas, habiendo adjuntado en su momento un certificado de trabajo, dicha autoridad citó el art. 6 de la Ley General del Trabajo (LGT), afirmando que los contratos laborales podían ser verbales y que ello no le restaba la validez, por lo cual, el presupuesto de arraigo natural estaba debidamente acreditado; iv) En referencia a la medida sustitutiva de prohibición de dirigirse a los medios de comunicación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dispuso que el derecho a la libre expresión está sujeto a responsabilidad y no a previa censura; por lo que, la disposición de la Jueza inferior es inconvencional; v) En cuanto al núm. 1) del art. 235 del CPP, los fundamentos que usó la Jueza de control jurisdiccional son los mismos que utilizó para establecer la concurrencia del art. 233.1 de la misma norma, ya que el derecho al silencio no puede ser utilizado en perjuicio del imputado; y, vi) Respecto al art. 235.2 de la norma procesal penal, la Jueza de la causa adoptó como prueba la concurrencia de dicho numeral la declaración de Angelina Zeballos Flores y Osmar Ponce, que señalaron que en ningún momento se les indujo a declarar falsamente.